El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la modificación del proyecto de decreto sobre retención en la fuente para medios electrónicos de pago, eliminando completamente el gravamen inicialmente propuesto del 1,5%. De esta manera, la tarifa de retención quedará en 0% para todos los sistemas de pago digital, lo que incluye tarjetas débito y crédito, así como billeteras electrónicas y plataformas de pagos como Nequi, Daviplata, Dale y Bre-B.
La decisión fue dada a conocer por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el director de la Dian, Carlos Betancourt, a través de un comunicado conjunto publicado en la red social X. En este comunicado, las autoridades explicaron que el propósito original del decreto era igualar las condiciones regulatorias entre los distintos medios de pago —tanto tradicionales como digitales—, con el fin de asegurar una mayor equidad tributaria. Sin embargo, tras analizar las observaciones ciudadanas, el Gobierno optó por mantener la equidad sin imponer ningún porcentaje de retención.
El ministro Ávila Plazas subrayó que esta medida busca fomentar el uso de medios digitales y electrónicos, lo que contribuye a una economía más moderna, transparente y trazable. Al eliminar la retención, se espera incentivar tanto a consumidores como a comercios a preferir las transacciones digitales sobre el uso del efectivo, lo que además mejora la capacidad del Estado para rastrear operaciones financieras y combatir la evasión fiscal.
La decisión de suprimir el cobro surgió luego de que la Dian recibiera más de 170 comentarios y observaciones durante el período de consulta pública del proyecto. La mayoría de las comunicaciones expresaron preocupación por el posible efecto contraproducente que tendría un gravamen del 1,5%, ya que este podría desincentivar el uso de plataformas digitales y provocar un aumento en el uso de efectivo, lo cual afectaría la transparencia y dificultaría el control fiscal.
El director de la Dian, Carlos Betancourt, señaló que las observaciones ciudadanas fueron fundamentales para reconsiderar la medida, pues los pagos en efectivo “debilitan los mecanismos de trazabilidad y control”, herramientas esenciales en la lucha contra la evasión tributaria y el contrabando.
Por su parte, el ministro Ávila destacó que el cambio en el proyecto normativo demuestra el compromiso del Gobierno con su política de “escuchar la voz de los ciudadanos”, reforzando los principios de transparencia, participación y equidad en la gestión fiscal.
Aunque el decreto todavía está en fase de estudio, su aprobación consolidaría una política de incentivo directo a la digitalización de pagos, eliminando cualquier retención en la fuente sobre las transacciones electrónicas. Con ello, el Gobierno del Cambio busca avanzar hacia una economía más formalizada, digital y transparente, en línea con sus objetivos de modernización financiera y reducción de la informalidad económica en el país.
