La administración de Galán se pronunció sobre la decisión del gobierno nacional.
El presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de un día cívico en Colombia para el martes 18 de marzo, con el fin de incentivar la participación ciudadana en las movilizaciones a favor de las reformas propuestas por su administración, en especial la reforma laboral, que enfrenta dificultades en su trámite legislativo. La medida permite a los funcionarios públicos, cuyas actividades no sean esenciales, suspender sus labores para sumarse a las manifestaciones organizadas en distintas ciudades del país.
Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá, bajo la dirección de Carlos Fernando Galán, comunicó que la capital no adoptará esta disposición y que las actividades en la ciudad continuarán con normalidad. A través de su cuenta en la red social X, el alcalde confirmó que las entidades distritales operarán con normalidad, incluyendo los colegios oficiales y demás dependencias del gobierno local. La decisión responde al compromiso de garantizar la prestación de los servicios esenciales y evitar afectaciones en el funcionamiento de la ciudad.
Bogotá no es la única ciudad que ha decidido apartarse del día cívico decretado por el Gobierno Nacional. Alcaldías de ciudades como Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio también anunciaron que continuarán con sus actividades sin interrupciones. Mientras tanto, en la capital del país, se espera la realización de una gran movilización convocada por el presidente Petro, quien ha hecho un llamado a la ciudadanía para que participe pacíficamente en la jornada en defensa del derecho a decidir sobre las reformas estructurales que su gobierno impulsa.
Expertos han señalado que esta medida solo aplica a funcionarios públicos en actividades no esenciales, por lo que los trabajadores del sector privado deberán acogerse a las disposiciones de sus respectivas empresas. En este caso, la decisión de permitir o no la participación en las movilizaciones queda a discreción de cada empleador. Asimismo, han advertido que si un trabajador falta sin autorización, podría enfrentar sanciones disciplinarias, descuentos salariales o incluso el despido en casos reiterados o de gravedad, siempre respetando el debido proceso y la normatividad laboral vigente.
El anuncio del día cívico ha generado opiniones divididas en distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos respaldan la iniciativa del Gobierno como una forma legítima de incentivar la participación política y social, otros consideran que interrumpir las labores oficiales puede generar impactos negativos en el funcionamiento del país.
En medio de este panorama, las administraciones locales han reiterado su compromiso con garantizar la seguridad y el orden público durante las marchas previstas para la jornada. En Bogotá, se espera un amplio despliegue policial y de gestores de convivencia para evitar incidentes y permitir que las manifestaciones transcurren sin alteraciones.
