El debate económico en Colombia se intensificó tras la radicación de la nueva ley de financiamiento por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila, este lunes. El proyecto, que busca recaudar cerca de $26,3 billones, ha generado una fuerte división en el Congreso: mientras la oposición la califica de “regresiva”, el oficialismo respalda la iniciativa argumentando que es necesaria para garantizar la estabilidad fiscal.
La propuesta contempla un incremento del IVA para los licores, el ingreso de los productores de gasolina y la compra de vehículos híbridos, medidas que, según el Gobierno, permitirían fortalecer las finanzas públicas y asegurar la financiación de programas sociales. Sin embargo, varios congresistas han advertido que la carga impositiva podría afectar directamente a los sectores más vulnerables.
El proyecto será discutido en las comisiones económicas del Congreso, las mismas que el año pasado hundieron una minirreforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba recaudar $12 billones, menos de la mitad de la cifra actual. Esa decisión provocó un distanciamiento entre la Casa de Nariño y las células legislativas, que ahora vuelven a ser el escenario de un pulso político clave para el Gobierno.
Uno de los pronunciamientos más contundentes vino del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, quien manifestó su total desacuerdo con la iniciativa:
“No permitiremos más impuestos a las personas naturales, ya agobiadas, ni a las empresas, asfixiadas por mayores costos. El IVA, regresivo, golpea a los más vulnerables”, afirmó.
Por su parte, desde el oficialismo, congresistas aliados del Gobierno defendieron la reforma, asegurando que los recursos son fundamentales para evitar un déficit fiscal más profundo y garantizar la ejecución de los programas priorizados en el presupuesto general de $556,9 billones.
En la oposición, varios legisladores coincidieron en que el Gobierno “no ha demostrado capacidad para ejecutar” los recursos aprobados en reformas anteriores y cuestionaron que se insista en aumentar la presión tributaria sin optimizar el gasto público.
El debate promete ser uno de los más tensos de la actual legislatura. Las comisiones económicas tendrán la última palabra sobre el futuro de la reforma, mientras sectores empresariales, trabajadores y gremios se alistan para presionar en busca de modificaciones que alivien el impacto en los contribuyentes.
La discusión apenas comienza, pero el desenlace definirá el rumbo fiscal del país y la relación entre el Gobierno y el Congreso en los próximos meses.
