En un drástico operativo realizado por la Policía y agentes de la Sociedad de Activos Especiales SAE, fueron desalojadas al menos 40 familias de campesinos, que se encontraban asentadas en el predio denominado La Aruba, vereda El Charco 13, en zona rural de Puerto Lleras, al sur del Meta.
De acuerdo con las autoridades, el operativo obedece a una acción judicial notificada desde el mes de noviembre, teniendo en cuenta que es un terreno que entró a proceso de extinción y pasó a ser de propiedad del Estado para subasta.
Lo que más cuestionan los afectados, es que no tuvieron en cuenta sus necesidades, la presencia de niños y mujeres, las viviendas que han construido de forma improvisada y sus derechos que, según ellos, han sido vulnerados por el gobierno, pues aseguran que ellos también tienen derecho a una vivienda digna.
Afectados
“Pedimos que no nos desalojen, nos han atropellado, nos ultrajaron, destruyeron lo poco que teníamos y nosotros tenemos derecho a una vivienda a aparte, cada uno de nosotros de una u otra forma armó su casita con recursos propios y no es justo que nos dejen a la deriva porque no toman las tierras de esos que tienen plata porque siempre el campesino tiene que ser el más violentado cuando gracias a nuestro trabajo el país se mantiene”, señaló un vocero de los campesinos.
Desalojo
Las familias campesinas aseguraron que se encuentran desde hace varios años en la propiedad que invadieron en la vereda Charco 13 y pese a la decisión del estado de desalojamiento, denunciaron que hubo unos presuntos abusos por parte de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), quienes habrían llegado el día 6 de abril en horas de la mañana a efectuar el desalojo.
Pérdida
Alegaron los campesinos que a pesar de que ellos cuentan con la posesión de varios años del lugar, además de unos derechos adquiridos por la situación de víctimas, desplazados y vulnerabilidad.
“Nosotros somos aproximadamente de 50 a 60 familias vulnerables, víctimas del conflicto armado, desplazados y lo único que estamos pidiendo es que no desarmen nuestras viviendas y queremos que se hagan respetar nuestros derechos humanos porque es que no tenemos más a donde ir”, manifestó Miller Agudelo, campesino afectado.
También expresaron que necesitan pronta solución y que han invertido en cultivos, animales y que es un trabajo que lleva más de 7 años.
