El presidente Gustavo Petro respondió a un trino de la precandidata presidencial Paloma Valencia sobre el origen de las deudas en el sistema de salud, en particular de la Nueva EPS. El mandatario afirmó que la deuda no corresponde a los pacientes, sino a las EPS y sus dueños privados, quienes, pese a recibir anticipos estatales, en muchos casos no pagan oportunamente a clínicas y hospitales. Según Petro, se han identificado facturas ocultas por cerca de $5 billones en la Nueva EPS, lo que habría permitido a la entidad seguir recibiendo recursos públicos sin reflejar su verdadero pasivo.
Valencia, por su parte, defendió que no se trata de una “deuda de las EPS” sino de una desfinanciación estructural del Gobierno, señalando además fallas en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2024. Citó los Autos 007/2025 y 504/2025 de la Corte Constitucional, que reconocen rezagos en el financiamiento y ordenan ajustes para garantizar la suficiencia de la UPC.
El presidente replicó que quienes asumen los gastos directos en el sistema son las clínicas y hospitales, pero que muchas veces no reciben los pagos de las EPS, salvo en los casos en que pertenecen a los mismos dueños de estas aseguradoras. Por ello insistió en que la deuda es responsabilidad de las EPS y no de los usuarios del sistema.
A nivel institucional, la Corte Constitucional ha emitido varias decisiones de seguimiento en 2025, instando al Gobierno y a las EPS a revisar los mecanismos de financiación, pues se ha evidenciado un deterioro de la siniestralidad de la UPC. Los análisis técnicos registran que en 2024 la siniestralidad alcanzó un 110%, es decir, por cada $100 recibidos en la UPC se gastaron alrededor de $110 en servicios de salud, lo que reflejaría que los costos superaron los ingresos. Estos datos han sido discutidos en las mesas de trabajo del Ministerio de Salud y por entidades como ACEMI, que agrupa a varias EPS.
Además, tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la Nación han señalado indicios de irregularidades contables y posibles maniobras de ocultamiento de pasivos en la Nueva EPS. La Contraloría, en particular, reveló hallazgos que superan los $21 billones en deudas y facturas ocultas, lo que evidencia un desfalco de gran magnitud dentro de esta entidad.
Por otro lado, los informes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) confirman que el Gobierno sí ha cumplido con los giros al sistema. En 2024 se ejecutaron $95 billones, de los cuales $84 billones fueron destinados directamente al pago de la UPC a EPS, clínicas y hospitales. En 2025, la ADRES ha mantenido el flujo de recursos: en febrero giró $7,22 billones, mientras que en agosto la cifra ascendió a $7,62 billones, asegurando la continuidad de la prestación de los servicios de salud.
En conclusión, el debate refleja dos visiones enfrentadas: para el Gobierno, las EPS son responsables de ocultar deudas y no transferir los recursos a los prestadores, mientras que sectores de la oposición consideran que el problema radica en la insuficiencia del financiamiento estatal vía UPC. Todo ello ocurre en medio de hallazgos de corrupción, presiones fiscales y decisiones judiciales que buscan sanear las cuentas del sistema de salud.
