En medio de la polémica que rodea al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por no asistir a la audiencia de imputación de cargos en su contra, salió a la luz el Decreto 0459, mediante el cual se designaba como alcalde encargado al abogado tunjano César Eduardo Carreño Morales, actual director de la Unidad Especial de Control Interno Disciplinario. Según lo estipulado, Carreño asumiría la administración local los días 10 y 11 de septiembre, fechas que coincidían con la citación judicial del mandatario.
La controversia surge porque el decreto, firmado el 10 de septiembre, fue divulgado oficialmente solo al día siguiente, a las 8:15 a.m., cuando el encargo ya estaba a punto de expirar. Es decir, la medida tuvo un alcance práctico mínimo, pues el encargo fue de apenas 48 horas y su comunicación se hizo con evidente tardanza. Esto abrió el debate sobre la validez real de estas decisiones y si cumplen con los principios de publicidad y transparencia que rigen la función pública, en una administración que ha sido señalada de actuar en los límites de la ley.
Krasnov se excusó de asistir a la audiencia alegando problemas de salud, tras ser hospitalizado por un dolor torácico en la Clínica de la Universidad de La Sabana, en Bogotá. Sin embargo, la coincidencia entre la incapacidad médica y la expedición del decreto levantó sospechas en sectores políticos y ciudadanos, quienes lo interpretaron como una estrategia dilatoria frente a los procesos judiciales que enfrenta el mandatario.
Si bien la designación de un alcalde encargado es una medida legal en casos de ausencia temporal, lo llamativo es que se haya divulgado cuando el encargo estaba prácticamente consumido. Esto genera dudas jurídicas y políticas sobre la pertinencia de la medida y alimenta las críticas hacia la falta de transparencia y confianza institucional en la actual administración.
La pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será la próxima jugada de Krasnov?