Un nuevo hecho de violencia sacude al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En la mañana de este jueves, un dragoneante fue víctima de un atentado sicarial en Cartagena, sumándose a la preocupante ola de ataques contra funcionarios del sistema penitenciario colombiano.
Según el reporte preliminar, el ataque ocurrió en las inmediaciones de la vivienda del uniformado, quien recibió dos impactos de bala. De inmediato fue trasladado a la Clínica San Fernando, donde permanece bajo observación médica.
Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), expresó su rechazo ante el nuevo hecho violento.
“No termina este panorama de masacre sistemática contra trabajadores penitenciarios”, afirmó Robayo, exigiendo mayores medidas de protección por parte del Estado.
Cuatro funcionarios del Inpec han sido asesinados recientemente
Este atentado se suma a los asesinatos de los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz Llanos, Manuel Antonio Becerra Parra, Jimmy Flórez Salazar y del doctor Julián Campo Giraldo, ocurridos en las últimas semanas.
El Inpec manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su compromiso de exigir justicia:
“El dolor nos toca a todos como un solo Inpec. Nos unimos al duelo de las familias de nuestros compañeros”, señaló la institución en un comunicado.
Gobierno refuerza medidas de seguridad
Ante la creciente amenaza contra los funcionarios penitenciarios, el Gobierno nacional formalizó un convenio con la Industria Militar de Colombia (Indumil) que permitirá a los guardianes del Inpec adquirir armas de uso personal con recursos propios, bajo las condiciones del Decreto 2535 de 1993.
La medida, adoptada tras una reunión de emergencia entre el Inpec y el Ministerio de Defensa, busca ofrecer herramientas de defensa personal ante los constantes ataques. Sin embargo, ha generado debate en algunos sectores por el riesgo que implica el porte de armas fuera del servicio.
Mientras tanto, la violencia contra el personal del Inpec continúa encendiendo las alarmas en el sistema penitenciario nacional, que enfrenta una de sus crisis de seguridad más graves de los últimos años. En la mañana de este jueves, un dragoneante fue víctima de un atentado sicarial en Cartagena, sumándose a la preocupante ola de ataques contra funcionarios del sistema penitenciario colombiano.
Según el reporte preliminar, el ataque ocurrió en las inmediaciones de la vivienda del uniformado, quien recibió dos impactos de bala. De inmediato fue trasladado a la Clínica San Fernando, donde permanece bajo observación médica.
Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), expresó su rechazo ante el nuevo hecho violento.
“No termina este panorama de masacre sistemática contra trabajadores penitenciarios”, afirmó Robayo, exigiendo mayores medidas de protección por parte del Estado.
Cuatro funcionarios del Inpec han sido asesinados recientemente
Este atentado se suma a los asesinatos de los dragoneantes Miguel Ángel Muñoz Llanos, Manuel Antonio Becerra Parra, Jimmy Flórez Salazar y del doctor Julián Campo Giraldo, ocurridos en las últimas semanas.
El Inpec manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y reiteró su compromiso de exigir justicia:
“El dolor nos toca a todos como un solo Inpec. Nos unimos al duelo de las familias de nuestros compañeros”, señaló la institución en un comunicado.
Gobierno refuerza medidas de seguridad
Ante la creciente amenaza contra los funcionarios penitenciarios, el Gobierno nacional formalizó un convenio con la Industria Militar de Colombia (Indumil) que permitirá a los guardianes del Inpec adquirir armas de uso personal con recursos propios, bajo las condiciones del Decreto 2535 de 1993.
La medida, adoptada tras una reunión de emergencia entre el Inpec y el Ministerio de Defensa, busca ofrecer herramientas de defensa personal ante los constantes ataques. Sin embargo, ha generado debate en algunos sectores por el riesgo que implica el porte de armas fuera del servicio.
Mientras tanto, la violencia contra el personal del Inpec continúa encendiendo las alarmas en el sistema penitenciario nacional, que enfrenta una de sus crisis de seguridad más graves de los últimos años.
