En los últimos días, se conoció que Óscar Robayo, gerente de la Concesión Vial de los Llanos, presentó su carta de renuncia a su cargo. Sin embargo, esta no fue aceptada por los responsables de la concesión, Odinsa, empresa que forma parte del Grupo Argos. La situación ha generado controversia debido a las irregularidades que distintos sectores han denunciado sobre la administración de los peajes bajo su gestión.
Denuncias
Robayo, quien ha estado al frente de la concesión durante nueve años y medio, ha sido señalado por su presunta responsabilidad en la falta de avance de obras prometidas en los tramos viales concesionados. En este contexto, el movimiento ciudadano No Más Peajes ha denunciado que los recursos recaudados en las casetas de peaje no se estarían destinando íntegramente a las obras, lo que ha alimentado el descontento social en la región.
El caso más reciente de estas denuncias ocurrió en los peajes de Iracá, La Libertad y otros puntos estratégicos del departamento, donde las protestas han alcanzado ya más de 140 días de resistencia. Estas movilizaciones reflejan el malestar de los ciudadanos, quienes exigen transparencia en la gestión de los recursos y una reducción en las tarifas de los peajes.
Responsabilidad pendiente
De acuerdo con fuentes cercanas, la carta de renuncia de Robayo no fue aceptada porque aún tendría que responder por múltiples cuestionamientos administrativos. Odinsa, propietaria de la concesión, habría decidido mantener al gerente en su puesto para que asuma la responsabilidad de lo que califican como una gestión deficiente. Entre los puntos críticos destaca la demora en la culminación de obras, pese a que las tarifas de los peajes se mantienen y los usuarios no ven resultados tangibles.
Cabe resaltar que la Concesión Vial de los Llanos está bajo la lupa no solo de los movimientos sociales, sino también de sectores políticos que consideran inaceptable que proyectos fundamentales para el desarrollo vial de la región no se hayan concretado.
Antecedentes
No es la primera vez que el nombre de Óscar Robayo está envuelto en controversias. En 2022, durante una socialización de proyectos en Puerto Gaitán, fue señalado por llevar a cabo reuniones con escasa representación ciudadana, en las que predominaban empleados de la concesión. Este episodio fue catalogado como una estrategia para aparentar consenso social en torno a las decisiones de la concesión.
A estas acusaciones se suma el hecho de que la fuerza pública ha sido utilizada en varias ocasiones para disolver protestas en los peajes, acciones que han sido interpretadas por los manifestantes como una muestra de abuso de poder por parte de la administración.