La Contraloría advierte que cerca de 3,5 millones de niños podrían quedarse sin la comida diaria que reciben en el colegio a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) si no se liberan 500.000 millones de pesos (aproximadamente 125 millones de dólares) para el cierre del año en curso.
Hay una grave situación de desnutrición, con uno de cada diez menores afectados, especialmente en zonas como La Guajira y Chocó. Existe una fuerte acusación de corrupción y mala gestión entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales.
El debate se centra ahora en la responsabilidad compartida entre el Gobierno nacional y las administraciones locales. Desde hace varios años, el PAE ha sido objeto de críticas por corrupción, sobrecostos en la compra de alimentos, raciones de baja calidad y deficiencias en la logística de distribución.
La Contraloría insiste en que la mala gestión de los recursos públicos ha puesto en riesgo un programa esencial para la niñez colombiana.
Organizaciones sociales y defensores de derechos de la infancia han solicitado al Ejecutivo tomar medidas inmediatas para evitar un colapso del PAE.
Proponen que, además de la inyección de recursos, se implemente un sistema de vigilancia más estricto que garantice la transparencia en la contratación y la calidad de los alimentos.
El Gobierno, por su parte, aún no ha anunciado un plan de contingencia concreto, pero el Ministerio de Educación informó que busca alternativas para garantizar la continuidad del programa durante los últimos meses del año.
De no resolverse a tiempo, la crisis podría dejar a millones de estudiantes especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas sin acceso a una alimentación mínima, lo que agravaría aún más la desigualdad social en el país.
