La circulación de un video en redes sociales ha encendido las alarmas en Colombia tras mostrar un acto de violencia brutal contra una niña indígena en la comunidad de Gito Dokabu, ubicada en el departamento de Risaralda. Las imágenes revelan cómo la menor fue golpeada con tal severidad que llegó a perder el conocimiento por varios segundos, lo que ha provocado una ola de rechazo e indignación a nivel nacional. Este hecho ha puesto de nuevo en evidencia la vulnerabilidad de los niños y niñas indígenas, así como la necesidad urgente de proteger sus derechos.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado enérgicamente este hecho. La Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y ONGs enfocadas en la niñez exigieron respuestas inmediatas por parte de las autoridades judiciales y del Gobierno Nacional. Además, solicitaron medidas urgentes para salvaguardar la integridad de la víctima, garantizar su recuperación y activar rutas de protección para otros menores en riesgo dentro de comunidades vulnerables.
Niña indígena pierde la conciencia
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Frente al escándalo público, el ICBF anunció que activó el protocolo de atención y envío un equipo interdisciplinario al territorio. También solicitó acompañamiento permanente por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Infancia y Adolescencia. Las autoridades investigan si este hecho corresponde a un patrón de violencia culturalizada o a un caso aislado dentro de la comunidad. La Fiscalía ya abrió una indagación preliminar para identificar a los responsables del acto violento y judicializarlos.
Por su parte, líderes indígenas manifestaron su preocupación por el tratamiento mediático del caso, e insistieron en que, aunque rechazan todo tipo de violencia, se deben respetar los procesos autónomos de justicia interna según el marco del derecho indígena reconocido por la Constitución. No obstante, diversas voces dentro y fuera de las comunidades han solicitado que se establezca un equilibrio entre el respeto a la autonomía cultural y la garantía de los derechos fundamentales de la niñez.
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Este caso ha reavivado el debate sobre la protección de los menores indígenas en Colombia, quienes muchas veces quedan expuestos a prácticas violentas o negligentes que pasan inadvertidas por el Estado. La situación evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de diálogo intercultural, así como las políticas públicas de protección infantil con enfoque diferencial, que respondan de manera efectiva a contextos complejos como el de las comunidades indígenas.
