Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y miembro de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, aseguró que “algunos militares propiciaron la toma del Palacio de Justicia para cobrar represalias contra el M-19”.
Según Pinilla, pese a las claras amenazas del M-19 contra el edificio y los magistrados, la seguridad fue retirada o reducida inexplicablemente antes del ataque, lo que sugiere una posible complicidad o negligencia por parte de los mandos militares.
También señaló que las fuerzas militares actuaron de modo desproporcionado durante la retoma del edificio, provocando víctimas civiles y desaparecidos, y que aún no se ha esclarecido completamente la cadena de mando de lo ocurrido.
Estas declaraciones se producen en el marco de la conmemoración de los 40 años del asalto al Palacio de Justicia, donde el país vuelve a debatir responsabilidades históricas y el derecho a la verdad.
Importancia y contexto
- La Toma del Palacio de Justicia (6-7 noviembre 1985) permanece como uno de los episodios más controvertidos del conflicto colombiano: incursión del M-19 en la sede judicial, retoma militar, muertes y desapariciones de magistrados y civiles.
- La Comisión de la Verdad aludió ya en sus informes a fallas del Estado, entre ellas la ausencia de medidas de protección y el uso excesivo de fuerza.
- Las afirmaciones de Pinilla reavivan el debate sobre qué grado de responsabilidad tuvieron los mandos militares y policiales en la preparación, ejecución o complicidad de los hechos, lo que tiene implicaciones para la justicia transicional y la reparación de víctimas.
- En el presente, este tema adquiere relevancia política y social porque se relaciona con la memoria colectiva, la impunidad y la necesidad de esclarecer los hechos para cerrar heridas históricas.
