El Tribunal Superior de Neiva ratificó la sentencia condenatoria contra ocho integrantes de la autodenominada ‘Primera Línea’ en la capital huilense, por su responsabilidad en una serie de acciones violentas ejecutadas durante el estallido social del 2021. Las penas oscilan entre 6 y 8 años de prisión.
Según la decisión de segunda instancia, emitida por la Sala Penal del Tribunal, los sentenciados participaron activamente en bloqueos ilegales, incineración de vehículos de transporte público y el ataque e incendio de un CAI de la Policía Nacional. “No puede otorgarse carácter de protesta legítima a una sucesión de actos criminales orquestados bajo el ropaje de la reivindicación social”, sentenció la magistrada ponente Ingrid Karola Palacios Ortega.
Condenados y penas
Pablo Fernando Vargas Lima fue condenado a 8 años, 7 meses y 15 días de prisión, además de una multa de $551 millones. Ignacio Sebastián Zambrano, Vanessa Cabrera, Cristián Reyes, Anyi Cuéllar y Andrés Yara recibieron una pena de 6 años y 3 meses de cárcel, mientras que Kevin David García y Edwin Herrera deberán pagar 6 años y 6 meses de prisión.
Según la jueza de primera instancia, ninguno de los condenados es apto para beneficios como casa por cárcel ni suspensión de la ejecución de la pena. La orden de captura se hará efectiva una vez se resuelva el eventual recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Estructura delictiva?
Uno de los elementos decisivos fue el testimonio de Jhon Germán Pastrana Perdomo, alias ‘Mono’, exintegrante del grupo y quien para 2021 pertenecía a la Defensa Civil. En su declaración, relató cómo se estructuraba la organización: líderes visibles, encargados logísticos, de derechos humanos, primeros auxilios, comunicaciones y prensa.
Pastrana identificó plenamente a varios procesados, incluyendo a Edwin Herrera ‘Filósofo’, Kevin García ‘Candonga’ e Ignacio Zambrano. Señaló cómo coordinaban acciones violentas, recolectaban insumos como cascos, guantes y leche, y ejecutaban disturbios en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la Universidad Surcolombiana y el barrio Santa Inés.
¿Periodistas o miembros activos?
Los jueces también desestimaron los argumentos de algunos procesados que alegaban ejercer funciones de periodismo independiente. Para la magistrada, su labor de comunicación formaba parte activa de la logística de la organización, sirviendo de enlace interno y medio de convocatoria, seguimiento y ejecución de los disturbios.
Las interceptaciones telefónicas reforzaron esta conclusión. En una de ellas, Vanessa Cabrera reconoció haber participado en la quema de un bus de servicio público, contradiciendo su defensa basada en labores humanitarias y neutrales.
Más allá de la protesta
Para el Tribunal, las acciones superaron por completo el marco del derecho a la protesta. “Aceptar la transgresión de la ley bajo pretexto del descontento social relativizaría el Estado de Derecho”, afirmó el fallo.
La Sala concluyó que la ‘Primera Línea’ operó como una estructura organizada con fines delictivos, ejecutando ataques sistemáticos que atentaron contra la seguridad ciudadana, el patrimonio público y privado, y la integridad de los funcionarios estatales.
Final sin aplausos
El fallo del Tribunal deja una advertencia clara: protestar es un derecho, pero convertir la protesta en caos, destrucción y violencia tiene consecuencias. Lo sucedido en Neiva durante 2021 no fue una simple expresión ciudadana; fue una campaña sostenida de ataques calculados que terminaron por cruzar la línea entre la indignación legítima y el delito.
