La promesa de acceso a la salud, incluso respaldada por decisiones judiciales, no siempre se traduce en atención efectiva. Así lo evidencia el caso de Jessica Paola Martínez, una mujer que enfrenta un delicado cuadro oncológico mientras, pese a órdenes médicas y fallos a su favor, continúa sin recibir el tratamiento que requiere con urgencia.
Su diagnóstico de cáncer de cuello uterino ha avanzado de forma agresiva en los últimos meses. La enfermedad ha comprometido seriamente su organismo, al punto de perder uno de sus riñones y presentar un deterioro progresivo. Aun así, el procedimiento indicado por su especialista —una braquiterapia intersticial de alta complejidad— no ha sido realizado, pese a ser considerado vital para intentar frenar el avance del cáncer.
Han pasado cerca de seis meses sin que se concrete la intervención, en un contexto donde ya existen decisiones judiciales que ordenan su atención inmediata. Sin embargo, la falta de cumplimiento refleja una preocupante brecha entre lo que dictan los jueces y lo que realmente ocurre en el sistema de salud.
Jessica, madre de dos menores, ha hecho pública su situación con la esperanza de que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde. Su caso pone en evidencia que, en Colombia, ni siquiera las órdenes judiciales garantizan oportunamente el derecho a la salud, dejando a pacientes en condiciones críticas a la espera de respuestas que no llegan.
