Alcaldía de Tunja apela fallo que ordena mantenimiento de la Plazoleta San Ignacio.
La batalla legal por el mantenimiento de un espacio emblemático
La Administración Municipal de Tunja ha presentado un recurso de apelación en contra de la sentencia de acción popular emitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Tunja, que ordena la realización de mantenimientos periódicos en la Plazoleta San Ignacio, una de las zonas remodeladas dentro del Plan Bicentenario.
El municipio argumenta que no puede acatar los lineamientos del Manual de Mantenimiento elaborado por el consorcio que llevó a cabo la obra, ya que este establece que los mantenimientos deben realizarse cada seis meses. Sin embargo, según la Administración, el material con el que se construyó la plazoleta, mármol travertino, requiere un cuidado especial que implica costos elevados, los cuales no pueden ser asumidos por el presupuesto municipal.
Fallo en primera instancia: defensa del patrimonio público
El Juzgado determinó que el estado actual de la plazoleta vulnera los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio público, debido al deterioro y las deficiencias visibles en las losetas de mármol travertino. En consecuencia, el fallo ordenó que dentro del mes siguiente a la firmeza de la sentencia, la Administración Municipal acredite la realización del primer mantenimiento correctivo y preventivo, conforme al Manual de Mantenimiento, las fichas técnicas y los certificados de calidad entregados por el Consorcio Plan Bicentenario.
¿Falta de previsión o crisis presupuestaria?
La apelación presentada por la Alcaldía ha generado diversas reacciones entre la ciudadanía y sectores políticos, pues se cuestiona por qué el municipio no cuenta con los recursos para cumplir con las condiciones de mantenimiento de una obra tan reciente.
Algunos críticos señalan que, si el mantenimiento periódico semestral estaba contemplado desde el inicio, la Administración Municipal debió prever el costo y garantizar los fondos necesarios para su cumplimiento. Otros, en cambio, consideran que la falta de presupuesto es un reflejo de la crisis fiscal que enfrentan las administraciones locales, lo que les impide asumir compromisos de mantenimiento de infraestructuras costosas.
¿Qué sigue en el proceso?
Con la apelación presentada, el caso pasará a una instancia superior, donde se definirá si la Alcaldía de Tunja está obligada a acatar la orden judicial o si se revisarán los términos del fallo. Mientras tanto, la Plazoleta San Ignacio continúa en deterioro progresivo, y la incertidumbre sobre su mantenimiento sigue latente.
Este proceso deja en evidencia la necesidad de una planificación efectiva en proyectos de infraestructura pública, donde no solo se garantice la ejecución de las obras, sino también su sostenibilidad en el tiempo. La pregunta sigue en el aire: ¿debe la comunidad tunjana resignarse al deterioro de su patrimonio o exigirá soluciones a la Alcaldía?