Igniko S.A.S. fue rechazada por Superservicios tras múltiples incumplimientos documentales.
La empresa Igniko S.A.S. E.S.P., que había generado expectativa con promesas de renovar el servicio de aseo en Ibagué, acaba de recibir un duro revés. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) negó su inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), trámite obligatorio para poder operar legalmente en Colombia.
Esta decisión fue revelada por una veeduría ciudadana que emitió un fuerte pronunciamiento público. En el documento se indica que, a pesar de la publicidad y de haber intentado vincular usuarios con campañas en redes sociales, Igniko no cumplió con los requisitos mínimos establecidos por la ley. La negativa evidencia que la empresa no está habilitada legalmente para recolectar residuos, ni ejecutar ninguna actividad relacionada con el aseo urbano en la capital tolimense.
Fallas
Entre las irregularidades encontradas por Superservicios está la falta de un contrato vigente con el municipio de Ibagué, documento esencial para ejercer funciones públicas. Tampoco presentaron el contrato con una firma externa que se encargue de la auditoría técnica y financiera del servicio, requisito que garantiza transparencia en la operación. Además, no se aportaron pruebas del inicio de actividades básicas como corte de césped, lavado o barrido en espacios públicos, acciones clave dentro del componente operativo.
Una de las justificaciones más polémicas fue la presentación de un “acuerdo de mesa de trabajo” con otra empresa, como prueba de sus operaciones. Para la Superintendencia, este argumento no suple la documentación legal ni la experiencia demostrable exigida. La negativa deja en evidencia que Igniko no tiene ni el sustento técnico, ni el respaldo jurídico, ni la formalización necesaria para actuar como prestadora del servicio de aseo en la ciudad.
Alarma
Expertos del sector consideran que el caso de Igniko representa un intento fallido de incursionar en un mercado regulado sin cumplir las normas. Algunos analistas señalan que las campañas públicas que la empresa ha desplegado podrían ser una estrategia para maquillar su situación real.
Por ahora, la comunidad ibaguereña sigue dependiendo de los operadores ya autorizados mientras las entidades de control continúan con la vigilancia. La veeduría concluyó haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para no dejarse engañar y exigir total claridad en los procesos que afectan los servicios públicos y la calidad de vida.
