Mientras Colombia celebra una disminución del 2.1 % en los homicidios a nivel nacional gracias a la política de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro, Ibagué enfrenta una realidad opuesta. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y septiembre de 2024, los homicidios en la capital tolimense aumentaron un alarmante 24.5 %, pasando de 49 casos en 2023 a 61 este año. Este contraste pone en evidencia los desafíos de la seguridad local frente a los avances nacionales.
Situación
La alcaldesa Johana Aranda, encargada de liderar la política de seguridad en Ibagué, ha sido objeto de críticas por la falta de estrategias claras para abordar la creciente violencia urbana. Mientras el gobierno nacional impulsa programas de reconciliación y reducción de violencia, las acciones locales parecen no estar a la altura de las circunstancias, dejando a los ciudadanos en una creciente sensación de inseguridad.
La situación exige que la administración local asuma un papel más activo en la implementación de políticas integrales que no solo fortalezcan la seguridad, sino que también aborden las causas estructurales del delito. Esto incluye programas de prevención, oportunidades para la juventud y un trabajo coordinado con las estrategias nacionales que han mostrado resultados positivos en otros lugares del país.
En este contexto, Ibagué necesita urgentemente replantear su enfoque de seguridad. Los incrementos en los homicidios no pueden ser ignorados y requieren respuestas inmediatas y efectivas. Mientras Colombia avanza hacia la paz, Ibagué no puede permitirse retroceder. El camino está trazado: voluntad política, coordinación y soluciones integrales son claves para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar su bienestar.
