La reciente ola de nombramientos de criminales como “NarcoGestores” en Colombia ha encendido las alarmas de quienes aún creen en una paz genuina y en la transparencia del Estado. Lejos de ser un paso hacia la reconciliación, estas designaciones parecen ser una maniobra calculada que, bajo el disfraz de la paz, busca fortalecer redes delictivas y abrir nuevos canales de financiamiento para campañas políticas en regiones clave. En un país que ha sufrido por décadas la violencia y la corrupción, este movimiento no es solo peligroso: es una traición al pueblo colombiano.
Riesgos
Pero más allá del caso de “Pichi”, lo que realmente está en juego es el peligroso precedente que estas designaciones sientan para el futuro político del país.
En lugar de avanzar hacia una paz sostenible, se está abriendo la puerta para que estos delincuentes—con el control de vastas regiones y recursos ilícitos—se conviertan en financiadores clave de campañas políticas. Los narcotraficantes, ahora vestidos de “gestores de paz”, pueden influir directamente en las elecciones regionales, inyectando dinero sucio en las campañas de candidatos que ellos mismos respaldan. ¿Qué tipo de gobernantes podríamos esperar de este escenario? Personas dispuestas a perpetuar el ciclo de violencia y corrupción, manteniendo sus lazos con estructuras criminales disfrazadas de actores de paz. “NarcoGestores”.
La liberación de estos criminales no solo es un golpe a la seguridad, sino también a la moral de los ciudadanos que ven cómo el Gobierno Nacional, bajo la bandera de la reconciliación, en realidad está consolidando una estructura de poder basada en alianzas con delincuentes. La gente en las calles ya no sabe si el Estado está de su lado o del lado de los capos que, mientras salen de la cárcel, se preparan para ganar influencia política a través de las próximas elecciones. El sentimiento de traición está más presente que nunca. Ciudadanos honestos que creen en la justicia y en un país sin corrupción se sienten defraudados por un gobierno que parece haber perdido el rumbo.
Este escenario plantea una pregunta fundamental: ¿estamos construyendo paz o legitimando a criminales para que financien las futuras campañas electorales? La preocupación no es solo por los recursos que estos narcotraficantes podrían destinar a los candidatos que ellos mismos eligen, sino por las consecuencias que esto tendría en las estructuras de poder a nivel local y nacional.
