Durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía, registrada el 16 de octubre en el corregimiento La Guayacana, área rural de Tumaco, unidades del Batallón de Selva N.º 53 fueron agredidas por un grupo de habitantes que se opusieron a la conducción de una persona capturada.
El procedimiento judicial se realizaba alrededor de las 16:00 horas, cuando las autoridades se disponían a trasladar al individuo desde la estación policial local hacia el casco urbano del municipio para continuar con su proceso legal ante las instancias competentes.
Según los reportes oficiales, cerca de 300 personas salieron al encuentro de las tropas en actitud hostil, impidiendo que se culminara el traslado. En medio del caos, se lanzaron insultos, se alzaron voces de protesta y se ejerció presión directa sobre los uniformados.
La intervención de la multitud derivó en una asonada, hecho que representa una infracción al orden público y una afectación directa al ejercicio de funciones asignadas por mandato constitucional a las fuerzas del orden.
Pese al ambiente tenso y al incremento de la agresividad, los soldados decidieron replegarse para evitar una escalada del conflicto y proteger tanto la vida de los civiles como la de los integrantes de la misión oficial.
Durante la intervención, los militares mantuvieron una conducta basada en principios de respeto, contención y disciplina operativa. No se realizaron acciones ofensivas, ni se hizo uso de armamento o medidas de represión, según lo establecido en las normas nacionales e internacionales vigentes.
El capturado fue finalmente arrebatado del control de la autoridad, en una acción que genera preocupación por las implicaciones en términos de seguridad jurídica y debilidad institucional frente a las comunidades intervenidas por estructuras criminales.
La Fuerza de Tarea Hércules denunció que este tipo de hechos reflejan una presión sistemática por parte de grupos armados organizados, que manipulan a la población para frenar acciones contra sus actividades ilícitas.
Las autoridades militares consideran que se está instrumentalizando a civiles, especialmente en zonas de difícil acceso, para deslegitimar operativos y limitar la capacidad de reacción del Estado frente a delitos de alto impacto.
