Representante a la Cámara por Santander, Cristián Avendaño, junto a demás congresistas y ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, radicaron demanda de nulidad contra la firma multinacional Colcco, por posibles irregularidades.
Gracias a las acciones populares realizadas por las comunidades de Barrancabermeja, El Carmen y San Vicente de Chucurí, quienes bloquearon por un periodo de tiempo de cuatro días en el puente de reyes la vía nacional entre la Lizama, en Barrancabermeja y la Costa Caribe; lo anterior, debido a la explotación minera concedida en el sector del Rancho. Pese a la población indispuesta, quienes aseguran que son más de 1.900 hectáreas concesionadas para la explotación poniendo en en riesgo al río Cascajares, de este afluente se abastecen varias poblaciones.
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Pelea Jurídica contra la multinacional
“Hemos radicado un documento a la corporación autónoma para su revisión, en dónde encontramos múltiples fallas de esa licencia.” Declaró la ministra Susana Muhamad.
Como antecedente, a finales del año pasado, la autoridad ambiental de Santander, Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ratificó la licencia ambiental al contrato FLL-082 que le permitía a la minera Colcco desarrollar el proyecto de explotación de carbón a cielo abierto y por socavón, en los municipios de Carmen y San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander y el cual está fiscalizado por la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El contrato
El documento registrado bajo la referencia FLL-082, fue celebrado en mayo de 2006 entre INGEOMINAS y David Enrique Moreno Comas, socio del abogado santandereano Fernando Gómez Franco (ex gerente de la empresa de energía de Bogotá), esto para la explotación de un área de 4950 hectáreas por un término de 30 años, quienes le cedieron en junio de 2007, el cien por ciento (100%) de las acciones a la sociedad minera Keystone Minería Ltda, posteriormente en febrero de 2013, se surtió otra cesión de todos sus derechos y obligaciones a la sociedad Colcco S.A., cuyo representante legal es Jorge Manuel Castellanos. Durante este tiempo se desarrolló una devolución de 1.949,48 hectáreas.
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Como desarrollo, el Ministerio demandará la nulidad de dicha licencia entregada en el Carmen de Chucurí. “Ese es el tipo de decisiones que queremos fortalecer con esa reforma en el Congreso del sistema nacional ambiental”, concluyó la ministra Muhamad.