Una fuerte decisión judicial fue tomada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama contra Bernardo Armando Camacho Rodríguez, agente interventor de Nueva EPS. El funcionario deberá pagar una multa de tres salarios mínimos y cumplir tres días de
arresto, luego de que se comprobara que incurrió en desacato a una orden judicial que exigía la entrega urgente de un medicamento vital para un ciudadano duitamense.
Antecedentes
El caso se remonta al fallo proferido el 13 de mayo de 2025, que ordenaba la entrega inmediata del medicamento especializado Pirfenidona TAB 801 MG a Héctor Julio Becerra Pérez, paciente protegido por una acción de tutela que reclamaba el derecho fundamental a la salud. Sin embargo, y pese a los requerimientos, la entrega no se efectuó dentro del plazo estipulado.
Camacho, quien fue designado como interventor mediante resolución de la Superintendencia Nacional de Salud, tenía la responsabilidad directa de garantizar que se cumpliera con lo dispuesto por el juez. La omisión de esta obligación llevó al juzgado a
aplicar una sanción ejemplar, conforme a la normativa que regula los incidentes de desacato.
La decisión también contempla un plazo de tres días hábiles para que se haga efectivo el pago de la multa.
En caso de no hacerlo, el Consejo Superior de la Judicatura podrá iniciar el cobro coactivo correspondiente. Asimismo, si persiste el incumplimiento, se advierte que se podrá solicitar a la Policía Nacional hacer efectiva la orden de arresto. Aunque la sanción no fue apelada, el juzgado ordenó enviar el expediente al Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, con el fin de revisar la legalidad de la medida.
Este paso busca asegurar que el proceso se ajuste completamente a lo dispuesto por la ley y que se garantice el debido proceso.
Más allá de este caso puntual, la situación pone sobre la mesa la relevancia del cumplimiento de los fallos judiciales y del rol que deben asumir las EPS, incluso cuando están bajo intervención. El desacato no solo desconoce la autoridad judicial, sino que
vulnera derechos fundamentales y agrava las condiciones de salud de quienes esperan tratamientos vitales.
El mensaje del juzgado es claro: los fallos no son sugerencias, son mandatos legales que deben cumplirse sin excusas. Las sanciones no son simplemente punitivas, son un recordatorio de que en un Estado de Derecho no se juega con la vida y la dignidad de los
ciudadanos.
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