La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó con $3.000 millones a Movistar por implementar un programa de fidelización que impedía a usuarios prepago cambiar de operador. El programa, denominado «Bono de Fidelización Prepago Siempre Conectado», creó una deuda ficticia de $1.500 que activaba el rechazo automático del trámite de portabilidad numérica. Multa histórica: SIC sanciona a Movistar con tres mil millones.
La entidad señaló que esta estrategia afectó directamente el derecho de los consumidores a elegir libremente su operador de telefonía móvil. La práctica, que se aplicó entre enero de 2021 y febrero de 2023, distorsionó la competencia en el sector y vulneró derechos fundamentales del consumidor.
Así funcionaba el “bono trampa” que frenó la portabilidad
Movistar ofrecía a sus usuarios prepago un bono adicional —10 minutos todo destino y 100 MB para WhatsApp— por acumular recargas mensuales de entre $18.000 y $20.000. El bono tenía un valor de $1.500, el cual se condonaba si el usuario permanecía activo hasta fin de mes.
Sin embargo, si el cliente intentaba realizar portabilidad a otro operador, el sistema registraba esa cifra como deuda en mora. De esta manera, las solicitudes de cambio eran automáticamente rechazadas por supuesta morosidad, aunque el usuario no hubiera aceptado el cargo ni tuviera conocimiento de él.
La SIC determinó que esta deuda artificial se utilizó como una barrera para retener clientes y frenar la salida hacia otros operadores, afectando la libre competencia y los derechos de los consumidores.
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La SIC advierte y Movistar puede apelar; Multa histórica: SIC sanciona a Movistar con tres mil millones
La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones concluyó que la estrategia se trató de una represalia comercial injustificada. Al bloquear la portabilidad con una deuda no informada ni consentida, Movistar impidió la movilidad del mercado y violó principios de transparencia.
“La libertad de elección del consumidor no puede estar sujeta a condiciones engañosas o cargos ocultos”, advirtió la entidad. La sanción impuesta reafirma el deber de los operadores de respetar los derechos de sus usuarios y operar con claridad en sus ofertas comerciales.
Movistar puede presentar un recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones y una apelación ante la Delegada para la Protección del Consumidor. Mientras tanto, la Superindustria reiteró que mantendrá vigilancia sobre las prácticas comerciales de los operadores móviles.
Esta sanción a Movistar representa un precedente importante en la defensa de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia. La SIC evidenció una estrategia que disfrazó una deuda artificial para impedir la portabilidad numérica, vulnerando el derecho a la libre elección. Esta noticia refuerza la importancia de la vigilancia estatal frente a prácticas empresariales que afectan la transparencia del mercado y la confianza de los consumidores.
