En el recinto Lara Bonilla de la Duma Departamental, la inconformidad se hizo sentir. Un grupo de lideresas sociales, consejeras departamentales de la mujer, representantes de la población con discapacidad y madres cuidadoras entre ellas Tania Retamart, reconocida madre cuidadora huilense expusieron el panorama crítico que atraviesan los sectores más vulnerables del departamento.
La denuncia fue directa: la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión, bajo la dirección de Rosa Angélica Arteaga Reina, estaría incumpliendo sus funciones y dejando en el abandono las políticas públicas destinadas a la protección de las mujeres y la población con discapacidad.
“Nos sentimos ignoradas, desplazadas de los espacios de participación y sin representación real”, advirtió Retamart, quien habló en nombre de las organizaciones que velan por los derechos de cuidadores y personas con discapacidad.
Desconexión institucional
Las voceras coincidieron en señalar la inoperancia de la Secretaría de la Mujer. Aracely Caldón Arenas, consejera territorial, denunció la ausencia constante de la Secretaría en las reuniones oficiales. “Nunca asisten, siempre mandan un delegado”, reclamó. Además, cuestionó la modificación del Decreto 517, el cual, según ella, fue firmado sin los aportes ni la aprobación de las consejeras, restándoles autonomía y participación.
La presidenta del Consejo Departamental de Mujeres, Karen Lesmes, también denunció la falta de recursos y planificación. “Nos citan a encuentros y los cancelan cuatro días antes por no haber contratado la logística. Es una burla”, expresó indignada.
Según las lideresas, la situación refleja un abandono institucional estructural. Los programas de inclusión y las políticas de mujer carecen de financiación, y los procesos de concertación han sido reemplazados por decisiones unilaterales.
Con tono firme y entre aplausos de las asistentes, Tania Retamart hizo un llamado a la Duma Departamental. “Las organizaciones que representamos a los cuidadores y personas con discapacidad no existimos para la Secretaría. No hay seguimiento, no hay plan de acción, y mucho menos una visión de inclusión”, sostuvo.
Denunció además que las respuestas oficiales a sus peticiones son evasivas y despectivas. “Nos tratan como si fuéramos ignorantes. Se nos vulneran derechos y se nos excluye de procesos donde sí hay recursos y participación”, añadió con contundencia.
Exigen control
Ante el reclamo colectivo, los diputados del Huila anunciaron la instalación de una mesa técnica urgente con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Gobierno. También solicitarán un debate de control político para revisar el uso del presupuesto destinado a políticas de equidad e inclusión, y exigir que los beneficios lleguen realmente a las mujeres, madres cuidadoras y personas con discapacidad del departamento.
“Queremos resultados, no promesas”, insistieron las lideresas. El clamor fue unánime: que la voz de las mujeres huilenses deje de ser ignorada y se convierta en un punto de partida para una gestión con enfoque humano, incluyente y verdaderamente social.
