La Fiscalía General, logró que un juez de garantías dictara medida de aseguramiento en un centro carcelario, en contra de una mujer señalada por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en el municipio de Ubaté, Cundinamarca.
Hechos
Según la investigación hecha por las autoridades, toda esta casi macabra historia comenzaría cuando la adolescente de 12 años, hija de la procesada, quien le habría advertido en repetidas oportunidades a su madre que su padrastro, al parecer, la tomaba violentamente a besarla, tocarla y accederla sexualmente, motivo por el cual, al parecer, la menor estaría en total negación y con comportamientos extraños al ver que su madre no hacia absolutamente nada para protegerla.
No denunció
La mujer oriunda de Jamundí, Valle del Cauca, habría omitido realizar la denuncia y, por el contrario, persuadió a la familia para que se ocultaran los abusos a los que la menor era sometida, al parecer, según fuentes extra oficiales la señora permitía que sucediera todo aquello porque no quería que el hombre se fuera del lado de ella.
Ante esto, la mujer aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y deberá responder por los cargos que le imputó un fiscal de garantías por el mal accionar que tuvo al permitir todo el maltrato en contra de su hija. Por motivos de seguridad la femenina será llamada como Alias ‘Raquel’.
Violencia
La violencia sexual es un fenómeno que día a día aumenta de manera considerada, la cual está presente en cualquier contexto social, puede ocurrir en cualquier tiempo y lugar, dentro o fuera del marco del conflicto armado, quien lo perpetra puede ser un conocido o desconocido de la víctima y puede presentarse en distintos tipos de conductas penales.
La afectación
Por su parte, el acceso carnal violento es un delito que se encuentra consagrado en el Código Penal de Colombia, el cual afecta la libertad, integridad y formación sexual de la víctima, por lo que la comisión de este delito es repudiado por la sociedad y castigado por el Estado por medio de penas.
La pena es la consecuencia directa que tiene la comisión del delito, la cual consiste en la pérdida o limitación obligatoria de bienes jurídicos que impone el Estado, esta puede residir en la limitación de derechos civiles, consecuencias de índole patrimonial o aquellas que están ligadas al derecho de locomoción.
