Durante un operativo de control y seguridad en Popayán, la Policía Metropolitana logró la detención de una persona requerida por las autoridades judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes. La captura se llevó a cabo en vía pública del barrio Campo Bello, donde uniformados realizaban labores de registro y verificación de antecedentes. Estos controles son parte de una estrategia de seguridad implementada en diferentes sectores de la ciudad para identificar a personas con requerimientos judiciales y prevenir actividades delictivas.
Según el informe policial, la detenida, de 42 años y originaria de El Tambo, Cauca, tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N.° 2 de Valledupar, con fecha del 12 de diciembre de 2024. La mujer fue interceptada por una patrulla que realizaba recorridos de vigilancia y, tras verificar sus datos en el sistema, se confirmó que sobre ella pesaba un requerimiento judicial. Ante esta situación, los uniformados procedieron a su detención inmediata, siguiendo los protocolos establecidos por la ley.
El procedimiento se desarrolló de manera coordinada con las unidades de vigilancia, quienes, tras confirmar la orden de captura, aseguraron el traslado de la capturada a la Fiscalía General de la Nación. Allí, se llevaron a cabo los trámites correspondientes para su disposición ante la autoridad competente, donde se definirá su situación jurídica y se dará continuidad al proceso judicial en su contra. Este caso se suma a otros operativos recientes en los que se han logrado capturas de personas buscadas por diferentes delitos.
Las autoridades han reiterado la importancia de estos controles, que permiten identificar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por distintos delitos. Destacaron que este tipo de operativos hacen parte de las estrategias para reforzar la seguridad en la ciudad y evitar la impunidad. También hicieron un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita la ubicación de personas que tengan cuentas pendientes con la justicia, enfatizando que la participación ciudadana es clave para mejorar la seguridad en el territorio.
