La Superintendencia de Industria y Comercio informó que, teniendo en cuenta las recientes informaciones difundidas sobre el mercado de telecomunicaciones y las posibles operaciones de integración empresarial, una posible operación entre Tigo y Movistar hasta la fecha no ha sido presentada para su estudio ante la autoridad de competencia.
Por otra parte, en febrero de 2024 Towernex, Une, Edatel y Tigo presentaron para conocimiento de la Superintendencia, una operación consistente en la adquisición por parte de Towernex de activos de infraestructura pasiva para el despliegue de telecomunicaciones.
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Una vez analizada la información presentada por las empresas intervinientes en la operación de integración, se determinó que conjuntamente no superaban el 20% de la participación en el mercado relevante. Este porcentaje significa que en los términos del artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, la operación solo debía cumplir el trámite de notificación y no de autorización por parte de esta Superintendencia.
Integraciones empresariales
Agregaron que “es importante destacar, que, en el trámite de integraciones empresariales, la Superintendencia no se encuentra habilitada para estudiar la debida diligencia empleada por los administradores en la operación de compra, ni entra a evaluar y determinar las condiciones económicas en las que esta se celebró por parte de las empresas intervinientes”.
En lo referente a la participación de Atlas y Millicom en el mercado colombiano, en agosto de 2024 Atlas (compañía con capital francés) informó a esta Superintendencia que aumentaría su participación accionaria en la segunda.
Esta información resulta relevante para el mercado colombiano de telecomunicaciones porque Millicom es actualmente el principal accionista de Tigo.
Ante esta comunicación, la Superintendencia les manifestó a las empresas intervinientes que la transacción representaría una operación de integración empresarial en los términos del artículo 9 de la Ley 1340 de 2009.
Información
Por las implicaciones económicas y jurídicas que tienen estas transacciones y, considerando que se trata de un sector estratégico en el plan de gobierno, la entidad ha requerido a las empresas para que entreguen información suficiente, pertinente y útil para evaluar la legalidad y legitimidad de los movimientos proyectados.
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Desde la Superintendencia se hace y se hará un monitoreo constante y detallado del funcionamiento de los mercados, teniendo en cuenta las finalidades constitucionales y la responsabilidad social hacia las que debe orientarse toda actividad económica en el marco de un Estado social de derecho.