Edna Castro denuncia que el transporte público sigue siendo una barrera diaria.
La paciencia de los habitantes del barrio Arboleda Campestre llegó a su límite. En medio del descontento ciudadano por el aumento en el valor del pasaje, la comunidad decidió visibilizar una problemática que consideran aún más grave: la exclusión sistemática de personas con movilidad reducida dentro del sistema de transporte público de Ibagué. Para los residentes, no se trata solo de un mal servicio, sino de una barrera diaria que limita derechos básicos.
Desde hace varios años, vecinos del sector han elevado peticiones formales, derechos de petición y reclamos públicos para exigir un transporte accesible. La denuncia apunta directamente a la falta de buses adaptados en operación, pese a que la ciudad cuenta con vehículos diseñados para atender a esta población. Según la comunidad, estos automotores rara vez circulan o no son asignados a las rutas donde realmente se necesitan.
Edna Castro, veedora de Servicios Públicos del sector, aseguró que la problemática ha sido reiterada ante diferentes instancias sin obtener respuestas concretas. La líder social sostiene que las promesas se quedan en el papel y que, en la práctica, las personas en condición de discapacidad siguen enfrentando largas esperas, negativas de ingreso o recorridos incompletos.
El inconformismo se profundizó con el reciente ajuste tarifario. Para los usuarios, el aumento resulta contradictorio frente a un servicio que, aseguran, no mejora. Pagar más por un transporte que no garantiza accesibilidad ha generado indignación, especialmente entre familias que dependen del bus como único medio para movilizarse.
Castro manifestó que la situación refleja una falta de articulación entre la Secretaría de Movilidad, el Sistema Estratégico de Transporte y las empresas operadoras. A su juicio, no existen controles efectivos ni sanciones visibles que obliguen a cumplir con la prestación de un servicio incluyente y seguro. La veedora también advirtió que esta problemática impacta directamente la calidad de vida de quienes requieren plataformas para desplazarse a tratamientos médicos, trabajos o centros educativos, obligándolos, en muchos casos, a depender de terceros o a quedarse en casa.
Finalmente, la comunidad de Arboleda Campestre exigió acciones inmediatas y no más anuncios sin resultados. Los residentes piden vigilancia estricta, rutas accesibles y decisiones que demuestren que el transporte público es un derecho y no un privilegio. Mientras tanto, aseguran que continuarán alzando su voz hasta ser escuchados.
