Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en la tarde del pasado sábado 5 de noviembre en Bogotá, cuando un motociclista apuñaló a un funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), luego de que este le reclamara por invadir un carril peatonal.
Los hechos se presentaron sobre las 8 de la mañana en el Barrio Pontevedra, al norte de la ciudad, en inmediaciones de las obras ‘Aceras y Ciclorutas’, que se están llevando a cabo en la calle 116 con Avenida Boyacá.
La víctima, identificada como Cristian Andrés Lemus, de 29 años, era uno de los veedores del proyecto y se encontraba realizando la labores de inspección, cuando “fue herido por un motociclista que invadió el sendero peatonal y se molestó cuando el funcionario le pidió que por favor no transitara sobre este espacio”, informó la entidad del distrito.
El joven fue auxiliado por los trabajadores y compañeros de la construcción, quienes los trasladaron a la clínica Shaio de manera urgente. Sin embargo, la herida le habría causado la muerte minutos después, por lo que llegó sin signos vitales al centro asistencial.
“Es muy triste que una persona tan joven pierda la vida de esta manera. Los trabajadores en las obras públicas, son seres humanos que luchan por salir adelante y como un servidor público más están contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad”; informó el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, en un comunicado de prensa.
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Motociclista fue capturado
De acuerdo con los informes de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante el transcurso de los hechos el cuadrante del sector hizo presencia de manera inmediata y dio captura al motociclista, presunto asesino de Cristian Lemus.
El hombre fue identificado como Esneider Rojas Torrado, de 32 años, quien tendría un proceso judicial activo por porte ilegal de armas. Agentes de control tuvieron que salvaguardar su vida para evitar que la comunidad del sector atentara contra su integridad.
El sujeto fue capturado en flagrancia y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde esperará para ser judicializado por un juez de la república por el delito de homicidio.
El destornillador, de casi 30 centímetros de longitud, y con el que habría agredido al funcionario del IDU, está bajo custodia de las autoridades y será usado como material probatorio en el proceso legal.
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