Luis Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y exfiscal general, firmó el polémico Decreto 799 de 2025, el cual remueve al Consejo de Estado como primera instancia para resolver tutelas contra Gustavo Petro. A partir de ahora, esos casos llegarán a jueces del circuito, sin importar que se trate de asuntos relacionados con seguridad nacional o políticas de alto impacto del Gobierno. Montealegre emite decreto y le quita al Consejo de Estado las tutelas contra Petro.
La norma modifica el Decreto 1069 de 2015. Según el documento, se busca fortalecer la imparcialidad judicial y aplicar el principio de desconcentración funcional. Montealegre argumenta que la misma corporación no debe decidir una tutela y luego ejercer control de legalidad sobre el mismo acto presidencial.
Te puede interesar: Antioquia ofrece hasta $200 millones por alias ‘Soldado’ y ‘Barcelona’
Críticas apuntan a intento de debilitar la justicia
La decisión desató una ola de críticas desde el Congreso y sectores jurídicos. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, anunció una demanda inmediata contra el decreto. Lo calificó como una amenaza directa al Estado de derecho.
“Esto no es un ajuste técnico, es un blindaje al poder. Petro quiere controlar todos los frentes”, aseguró. Abogados constitucionalistas también alzaron la voz. Carolina Restrepo, jurista de la Javeriana, señaló que el Ejecutivo no tiene competencia para cambiar la estructura judicial mediante decreto.
Se mantiene revisión constitucional, pero crece la tensión con las cortes
Aunque el decreto no elimina la posibilidad de que la Corte Constitucional revise las tutelas, sí cambia el equilibrio en el primer análisis de las acciones legales contra el mandatario. Esta decisión llega en medio de roces persistentes entre Petro y las altas cortes, como la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que ya han frenado decisiones claves del Ejecutivo.
La Rama Judicial estudia el alcance del decreto. Mientras tanto, sectores políticos alertan sobre un intento de centralizar el poder y reducir los contrapesos institucionales. El decreto ya genera un nuevo foco de tensión entre el presidente y los órganos de control.
