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Según la sentencia del máximo tribunal español, los supuestos delitos fiscales de Juan Carlos I ya han prescrito o se han normalizado. El Supremo afirma que la denuncia «no proporciona nuevos datos».
El Tribunal Supremo ha desestimado una denuncia presentada por un conjunto de abogados, en el marco de la acción popular, contra el rey emérito Juan Carlos I por los mismos supuestos delitos contra la Hacienda Pública en relación a los que la Fiscalía Anticorrupción ya acordó el archivo en su momento.
El fallo de la Sala Segunda, presentado por el magistrado Manuel Marchena, autoriza la documentación de las acciones, acorde con la opinión del Ministerio Fiscal, al estimar que los sucesos no representan una infracción penal, están prescritos o fueron objeto de regularización fiscal.
La denuncia argumentaba que el monarca habría incurrido en cinco infracciones fiscales vinculadas a ingresos y donaciones no reportadas a través de entidades como Zagatka y Lucum.
Los abogados argumentaban que las regularizaciones fiscales efectuadas no satisfacían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los crímenes no habrían pasado a la pena de responsabilidad, dado que se trataban de hechos agravados por el uso de estructuras opacas en el exterior.
