El Ministerio de Salud abrió a comentarios un proyecto de resolución que busca fortalecer el control sobre el uso de los recursos públicos en salud. La norma afina el proceso mediante el cual las EPS deben devolver el dinero de la UPC utilizado en servicios negados sin causa justificada, en respuesta a los llamados de la Corte Constitucional para frenar estas prácticas y garantizar el derecho a la salud.
El Ministerio de Salud publicó para comentarios un proyecto de resolución que busca que las EPS devuelvan los recursos de la UPC de servicios y tecnologías en salud que hayan sido negados sin justa causa, y que estos reintegros se realicen conforme a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres.
Hay que recordar que en Colombia la UPC es la plata que gira el Estado para garantizar el acceso al Plan de Beneficios en Salud. Se trata de unos recursos que el Estado gira de manera anticipada a las EPS para que estas administren y garanticen la atención en salud de cada afiliado, cubriendo consultas, exámenes, tratamientos, medicamentos, cirugías y demás servicios incluidos en dicho plan. Es decir, por cada persona afiliada al sistema, el Estado le entrega a la EPS una suma fija, pero se la entrega antes de que ocurra cualquier necesidad médica.
Por otra parte, la negación de servicios ha sido tema de debate y de medidas por diversas instituciones, incluyendo la Corte Constitucional. El alto tribunal ha emitido autos de seguimiento (como los Autos 411 de 2015, 122 de 2019, 093A de 2020 y 005 de 2024) en los que ha insistido en que es urgente establecer mecanismos que alerten cuando se niegan servicios de salud injustificadamente, incluyendo aquellos que han sido autorizados, pero no entregados a tiempo. También pedido que se cree una normativa robusta que permita hacer seguimiento, identificar responsabilidades y recuperar los recursos mal usados.
