El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, fue sancionado con tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos por un juez de Bogotá, debido al desacato de la Sentencia T-343 de 2022 emitida por la Corte Constitucional. La decisión judicial ordenaba la suspensión inmediata de la comercialización de pesticidas que contienen clorpirifós, una sustancia utilizada en actividades agrícolas y ganaderas considerada peligrosa para la salud pública.
La sanción se originó por el incumplimiento del Ministerio de Salud en garantizar el cese de la venta de estos productos. Paralelamente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tenía la responsabilidad de implementar un plan de transición para minimizar los riesgos asociados al uso del clorpirifós, acción que tampoco fue cumplida en su totalidad.
Este fallo refleja el compromiso de la justicia con la protección de la salud pública, resaltando la importancia de acatar las directrices que buscan mitigar los riesgos asociados al uso de químicos perjudiciales. El caso pone en el centro del debate la necesidad de mayor coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
