En medio de la moción de censura en la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, presentó la posición oficial sobre las organizaciones criminales que concentran la atención de la Fuerza Pública. Aunque la sesión fue suspendida por falta de quórum, el jefe de la cartera expuso la ruta técnica que orienta la política de seguridad.
Sánchez explicó que la jerarquización de amenazas se fundamenta en documentos de inteligencia que analizan capacidades operativas, logísticas y financieras de los grupos armados. “Nosotros determinamos la amenaza criminal y terrorista con base en un documento que se llama análisis de las capacidades críticas de la amenaza. Básicamente, ese documento establece tres grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés son las drogas, la ambición y no la ideología”, indicó, citado por Semana.
De acuerdo con el ministro, los actores que representan la mayor capacidad de acción en el territorio son el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. “Nuestro enfoque es contra esas amenazas”, puntualizó.
Su intervención se produjo horas después de que el Senado aprobara una proposición para declarar al Cartel de los Soles como organización criminal y terrorista, iniciativa impulsada por el senador Jota Pe Hernández. La discusión se da en paralelo con declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en agosto pasado afirmó que “El Cartel de los Soles no existe” y que la narrativa sobre esa estructura responde a intereses políticos.
Consultado sobre la coincidencia entre las clasificaciones técnicas y políticas, Sánchez subrayó que las prioridades de la Defensa se definen a partir de inteligencia e informes institucionales, más allá de etiquetas externas. También defendió la necesidad de cooperación internacional y consolidación de pruebas para judicializar redes transnacionales.
El debate legislativo continuará en la próxima sesión de la Cámara, mientras en el Senado avanza la discusión sobre la proposición contra el Cartel de los Soles. Entre tanto, el pronunciamiento de Sánchez marcó un nuevo capítulo en la controversia sobre la manera en que el Estado nombra y enfrenta a las organizaciones criminales.
