La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se encuentra en medio de una controversia debido a la vinculación laboral de su esposo, Sjoerd van Grootheest. Éste, actualmente es contratista del Fondo Colombia en Paz, adscrito a la Presidencia de la República.
Si bien el contrato en cuestión no viola ninguna ley. Sin embargo, ha generado preocupación por su potencial conflicto de intereses y la aparente falta de ética en la decisión.
El contrato, asciende a 128 millones de pesos y conlleva un pago mensual de 10.730.861 pesos. Además, fue firmado el pasado 6 de junio, cuando la ministra Vélez ya se encontraba en su cargo. Es importante destacar que el Fondo Colombia en Paz depende del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). De esta forma, la cabeza visible es el presidente de la República y jefe directo de la ministra Vélez.
Sobre el caso de la ministra de Minas y Energía
Según informes, Sjoerd van Grootheest no tenía antecedentes laborales previos con el gobierno. Su empleo anterior fue en la Universidad del Valle, a través de la empresa Mississippi Dragonfly, de la cual era representante legal.
Curiosamente, los contratos que Sjoerd van Grootheest tuvo con la Universidad del Valle fueron supervisados por su esposa, la ministra Vélez, quien en ese momento era profesora titular de la institución. Esta situación plantea interrogantes sobre la idoneidad de que un empleado de una universidad pública supervise los contratos celebrados por su cónyuge.
Ante las críticas recibidas, la ministra de Minas y Energía ha defendido su actuación a través de Twitter. De acuerdo a lo afirmado, no existen irregularidades, ilegalidades o conflictos de intereses en el proceso contractual y las actividades de su esposo. Además, atribuyó el no reconocimiento de tener cónyuge en un documento oficial a un «error de digitación», el cual ya ha sido corregido.
Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo 🧵
— Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) July 11, 2023
La importancia de la ética en la función pública
A pesar de las explicaciones ofrecidas por la ministra Vélez, estas no han logrado disipar las preocupaciones sobre su comportamiento ético y el del gobierno en general. Algunos críticos argumentan que, si bien el contrato en cuestión puede ser legal, no es ético debido al privilegio que supone ser cónyuge de una ministra en la competencia por los contratos.
Esto plantea interrogantes sobre el compromiso del gobierno de Gustavo Petro con la transparencia y la eliminación de prácticas como el nepotismo y el tráfico de influencias.
El gobierno actual prometió un cambio en las costumbres políticas. Pero si se confirma la existencia de casos como el de la ministra Vélez y su esposo, ello indicaría que los mismos «pecados» que se criticaban a los anteriores gobiernos, continúan perpetuándose.
La falta de principios éticos y la falta de transparencia son aspectos que deben ser abordados de manera urgente para mantener la confianza de la ciudadanía en sus funcionarios públicos.
Amplia presencia de familiares en cargos oficiales
El caso de Vélez, ministra de Minas y Energía, no es un hecho aislado. Se han identificado otros casos de familiares de funcionarios, ocupando cargos oficiales. Por ejemplo, el esposo del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, trabaja en la Superintendencia de Salud, entidad encargada de vigilar los recursos de la salud.
Asimismo, la esposa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se encuentra en el Ministerio de Agricultura. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene a uno de sus hijos en el Ministerio de Cultura. Estos ejemplos plantean interrogantes sobre la igualdad de oportunidades en la competencia por los cargos y la presencia de nepotismo en el gobierno.
La voz de la oposición y la necesidad de investigaciones
Algunas voces críticas dentro de los aliados del presidente Gustavo Petro, también han manifestado su preocupación ante estos casos.
El exsenador Gustavo Bolívar, por ejemplo, expresó su descontento con la influencia de los familiares en los procesos de selección y contratación, señalando que es inmoral que las hojas de vida de sus familiares compitan con las de millones de personas que carecen de ese tipo de influencia.
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Conforme a lo manifestado por los colombianos, es necesario que la Fiscalía General de la Nación investigue con celeridad y sin consideraciones políticas las denuncias de conductas. Además, afirman estas conductas son considerables reprochables, irregulares e ilegales por parte de funcionarios o familiares del gobierno actual.
Por este motivo, el sector opositor considera que la lucha contra la corrupción, debe ser una prioridad y no puede verse comprometida por la cercanía con el jefe del Estado. De esta manera, la ciudadanía espera resultados contundentes en la lucha contra la corrupción y la garantía de un ejercicio transparente del poder.
Según afirman los ciudadanos, el país necesita que los funcionarios públicos sean ejemplos de integridad y ética en el desempeño de sus cargos. Solo a través de una actuación responsable y transparente, se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y avanzar hacia una administración pública más justa y honesta.
