Nuevamente el Gobierno de Gustavo Petro se encuentra en el ojo del huracán, esta vez quien se encuentra en la mira por presuntas irregularidades en contratos es el Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa se encargó de firmar un contrato por alrededor de 305 millones de dolares durante el fin de año del 2022.
Para unos es sorprendente la cantidad por la cual se firmó el contrato, sin embargo, el Ministerio de Defensa aseguró mediante un comunicado que el valor se encuentra dentro de la norma.
Un medio de comunicación se encargó de revelar dicho contrato que ha alertado a más de un funcionario público, según diversas fuentes el contrato habría sido firmado para realizar la compra de 55 carros militares blindados 8×8.
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Se habla de un sobrecosto de 17 millones de dólares.
“Con relación a presuntos sobrecostos que se hubiesen presentado en la adquisición de dichos vehículos, el Ministerio de Defensa se permite precisar que, de acuerdo con la información disponible que ha sido corroborada, tal irregularidad no existe”, comunicado de Iván Velásquez ministro de Defensa.
Los vehículos que se tiene planeado comprar permitirán que se fortalezcan las capacidades del Ejército Nacional en zonas de frontera y se entregarán desde el 2026 cuando deberían llegar los primeros nueve, hasta 2032. El país pagaría 66,8 millones y el resto lo pagaría en cuotas anuales después de esa fecha.
Una de las cosas que más se vuelve preocupante, es que el Estado sería el encargado de asumir los costos para que el proveedor entregue los productos en el lugar de uso.
El Ministerio de Defensa afirmó que:
“Debe tenerse en cuenta que las actividades de almacenamiento y ejercicios de prueba, administración de ingeniería y gestión del programa, ingeniería no recurrente y actualización de manuales, son costos que están incluidos en el valor total del contrato; sin embargo, se le exigió al contratista discriminar los valores, en aras de identificar cuales servicios se ejecutarían en Colombia, con la finalidad de discriminar el pago de impuestos”.
El Ministerio señaló que supuestamente los costos sí están incluidos ya en el valor del contrato pero no supo dar una explicación certera referente al por qué el proveedor no asume los costos de entrega a lo que el Ministerio aseguró que todo hace parte de un contrato de confidencialidad.
Según el contrato firmado por el Ministerio, por servicios de almacenamiento y prueba se pagarían al rededor de 2,9 millones de dólares, sin dejar atrás el costo que tendría la ingeniería no recurrente que es contratada para cumplir con las solicitudes del cliente; esto sería de 7 millones y 1,4 millones por actualizar el manual de funciones.
Por otro lado, se le agregan otros 4 millones que dependen de la gestión del contrato, quiere decir; los elementos que que debe mandar a hacer el contratista para cumplir con las especificaciones pero no tiene en stock.
El Ministerio aseguró que « el contrato de adquisición de estos vehículos contempla que el contratista realice transferencia de conocimiento al Ejército Nacional, a través de la política de offset”.
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