Frente a la problemática que se ha generado debido al traslado de sede de la Institución Educativa San Francisco de Asís, se llevó a cabo una mesa técnica con la presencia de autoridades locales, comunidad educativa y el director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación, Mauricio Katz.
Difusión
En su intervención, Mauricio Katz, fue enfático en recalcar que el Ministerio de Educación no tiene la potestad de cerrar colegios, como se había mencionado y difundido de manera equivocada, situación que creó un escenario de incertidumbre.
“Hubo o una mala interpretación o una interpretación interesada, no sé cuál sea la dimensión del asunto que señaló que el Ministerio iba a cerrar una o dos instituciones o las iba a fusionar y legalmente no tiene esa competencia”, expresó Katz.
El funcionario también explicó que si bien, la institución presentó el respectivo estudio de insuficiencia donde establecen las condiciones en las que se encuentra el colegio, la Contraloría General emitió una alerta, argumentando que el estudio estaba mal hecho.
Complejidad
“La Contraloría hizo una observación a la Administración municipal de Ipiales y le dijo ese estudio está mal hecho y eso tiene implicaciones fiscales, disciplinarias y penales y estamos acá por la complejidad de la situación y porque tenemos una responsabilidad”, expuso Katz.
Katz mencionó un punto clave en la problemática, expresando que si bien se deben generar soluciones y alternativas todo se hará dentro del marco legal, enfatizando que no se debe presentar ante la Contraloría el mismo informe.
“Le haría un mal que yo le sugiriera que vuelva a hacer lo que otra administración hizo durante varios años, muy honestamente hay un espacio subutilizado y tenemos que ver la manera de hacer uso de él”, dijo el funcionario.
Pago
Además, insistió en que el nuevo estudio que se presente debe justificar de manera asertiva y verdadera las condiciones y el por qué no ha sido utilizada la sede que cuenta con todos los requisitos para continuar con un pago de arriendo de alrededor de $180 millones de pesos.
El funcionario fue enfático en que se debe conformar un comité con el cual se puedan iniciar diálogos y establecer las posibles soluciones que se evaluarán dentro del marco de lo legal y tal como lo establece la ley.
El objetivo es salvaguardar el derecho a la educación, el respeto por los procesos. Mencionaron que están en conversaciones con la alcaldía para formular una propuesta que no afecte a ninguno de los establecimientos.
