La Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, junto al Director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, han presentado ante la Corte Constitucional una solicitud para convocar a una audiencia pública en respuesta a las demandas de presunta inconstitucionalidad que rodean al artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este artículo aborda los mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.
La petición tiene como objetivo propiciar un debate en el que participen voces de la academia, organizaciones campesinas y expertos en jurisdicción agraria, para que puedan exponer sus argumentos respecto a la supuesta inconstitucionalidad del mencionado artículo.
Según la Ministra Mojica, estas demandas están dirigidas a impedir el cumplimiento del Acuerdo de Paz, destacando la importancia de la norma en cuestión para la implementación de dicho acuerdo, así como para el cumplimiento de los objetivos económicos, sociales y ambientales trazados en el PND.
En la solicitud presentada ante la Corte Constitucional se subraya que el artículo demandado tiene implicaciones significativas tanto para el Gobierno Nacional como para el Estado colombiano en su conjunto, ya que contiene herramientas fundamentales para la materialización de metas importantes.
La Ministra Mojica explicó que, gracias al artículo en cuestión, el Gobierno destinó importantes recursos en años recientes para la adquisición de tierras, lo cual es vital para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la tierra, la alimentación y el trabajo, entre otros.
La audiencia pública solicitada contaría con la participación de expertos en materia agraria, con el fin de enriquecer el debate y proporcionar una mayor claridad sobre el fundamento, contenido y alcance del artículo objeto de controversia.
Por su parte, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, señaló que las demandas de inconstitucionalidad carecen de argumentación sólida y parten de una interpretación errada de la norma. Según Harman, estas demandas no consideran la realidad de los procedimientos especiales agrarios y acusan al artículo de desconocer derechos constitucionales sin fundamentos sólidos.
La solicitud de audiencia pública busca promover un debate amplio y enriquecedor que contribuya a esclarecer los aspectos controversiales del artículo 61 del PND y su relación con la implementación del Acuerdo de Paz, así como a garantizar el acceso equitativo a la tierra en Colombia.
