En las últimas semanas, ha surgido una fuerte polémica alrededor de la administración del alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, debido a un contrato de prestación de servicios (CPS) que ha generado indignación en la opinión pública. La controversia gira en torno a un acuerdo otorgado al contratista Luis Carlos Sincapié Morales, quien, según los registros, recibe un pago mensual por sus servicios en torno a la creación de «entornos seguros y de paz» en la ciudad. Sin embargo, las cifras de criminalidad y los reportes ciudadanos parecen contradecir esta inversión.
Contrato
El contrato en cuestión, con un valor total de 110 millones de pesos, está dividido en pagos mensuales, de los cuales ya se ha desembolsado un total de 33 millones de pesos correspondientes al primer mes de trabajo del contratista. Este pago inicial ha desatado las alarmas, dado que, según los informes disponibles, no hay pruebas contundentes de que la ciudad esté experimentando una mejora significativa en cuanto a seguridad y convivencia ciudadana. Por el contrario, muchos ciudadanos se sienten más inseguros que nunca.
Sin resultados
El informe presentado por Luis Carlos Sincapié Morales tras su primer mes de trabajo se ha convertido en el centro de la controversia. Según el documento, las actividades realizadas se limitan en gran medida a la participación en reuniones. Sin embargo, estas reuniones, por sí solas, no parecen haber tenido un impacto palpable en la reducción de los índices de criminalidad o en la percepción de seguridad de los ciudadanos.
Es relevante destacar que, en la actualidad, Villavicencio enfrenta un panorama preocupante en materia de seguridad. A pesar de las promesas de la administración de Baquero de implementar medidas que fortalezcan la convivencia y la tranquilidad en la ciudad, la realidad es que los ciudadanos continúan denunciando robos, atracos en espacios públicos, inseguridad en los parques y una creciente sensación de vulnerabilidad en las vías de la ciudad.
Este contrato ha generado una pregunta recurrente entre la población: ¿es posible justificar un gasto de 110 millones de pesos para tareas que, hasta el momento, parecen no ofrecer resultados tangibles? Mientras la situación de seguridad empeora, se cuestiona si el pago a este contratista, quien tiene funciones similares a las del alto consejero para la seguridad, es una inversión responsable o un mal uso de los recursos públicos.
