Un nuevo escándalo sacude la administración pública de Popayán tras conocerse que más de 10 mil millones de pesos en multas dejaron de ser cobrados por vencimiento de plazos legales. La prescripción de estas sanciones, ocurrida durante el gobierno del exalcalde Juan Carlos López Castrillón, ha sido calificada por expertos como un acto de negligencia institucional que podría acarrear consecuencias disciplinarias y fiscales.
Según informes preliminares, las sanciones correspondían a comparendos de tránsito, infracciones urbanísticas, ambientales y otras multas administrativas que, por falta de gestión en su cobro, perdieron validez jurídica. La situación ha generado preocupación entre veedurías ciudadanas, que denuncian posibles omisiones deliberadas o ineficiencia reiterada por parte de las dependencias encargadas del recaudo.
“Dejar vencer estos plazos equivale a renunciar a ingresos que podrían haberse destinado a salud, educación o infraestructura. Es una forma de impunidad administrativa que debe ser investigada con severidad”, manifestó un vocero de la Personería Municipal.
Por su parte, la Contraloría y la Procuraduría han iniciado indagaciones para determinar si existieron responsabilidades individuales o colectivas dentro de la administración saliente. Se analiza si hubo desidia o, peor aún, intencionalidad en no ejecutar los procedimientos de cobro oportunamente.
La ciudadanía, por su parte, exige explicaciones claras y sanciones ejemplares si se comprueba que estos recursos se perdieron por acción u omisión de los funcionarios públicos. Mientras tanto, el nuevo gobierno enfrenta el reto de revisar y corregir los sistemas de cobro para evitar que se repita una pérdida tan costosa como evitable.
