El pasado 7 de octubre de 2025, en la zona rural del municipio de Frontino (departamento de Antioquia), dentro de la instalación militar conocida como Base Militar Antorcha —dependiente del Ejército Nacional de Colombia y adscrita al Batallón de Infantería N.º 32 “General Pedro Justo Berrío”—, se produjo la muerte de un civil cuya identidad se conoce como Esneider Flórez Manco, de aproximadamente 26 años, quien al parecer presentaba déficit cognitivo y era conocido en la comunidad local por su condición.
Los hechos son altamente graves: según los reportes oficiales, los uniformados de esa unidad militar detuvieron al señor Flórez al identificarlo “merodeando” en inmediaciones de la base militar —donde el tránsito civil no es habitual—, lo ingresaron a la instalación, y en el curso de su retención habrían procedido con una golpiza severa que le ocasionó la muerte. Luego, su cuerpo fue abandonado en la quebrada Las Ánimas, metros adelante de la base.
La investigación, que adelanta la Fiscalía General de la Nación conjuntamente con la Justicia Penal Militar y Policía, ha llevado a que se emitieran órdenes de captura contra nueve militares en servicio activo, entre los que figuran un teniente, un sargento segundo y varios soldados profesionales. Los delitos que se les imputan son: homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, al pronunciarse, afirmó que este tipo de hechos “se salieron de toda la ética” de la fuerza, que constituyen una excepción, pero que deben sancionarse con rigor para preservar la confianza ciudadana.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X (antes Twitter) publicó la comunicación recibida de los mandos militares, en la que se da cuenta de la relación de los hechos ocurridos y de la apertura del proceso investigativo.
Se trata de un caso que toca varios ejes críticos: el uso de la fuerza dentro de zonas militares, el derecho de los civiles ante la presencia de la fuerza pública, la transparencia institucional, la rendición de cuentas y los mecanismos de supervisión militar en Colombia. Los hechos ocurrieron en un contexto en que las fuerzas armadas están sujetas a escrutinio por casos de excesos, lo que vuelve este incidente especialmente relevante.
Puntos clave del caso:
- Víctima: Esneider Flórez Manco, aproximadamente 26 años, con condiciones cognitivas especiales, residente de Frontino.
- Lugar y día: Base Militar Antorcha, municipio de Frontino, Antioquia; 7 de octubre de 2025.
- Actores: Nueve militares de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, adscritos al Batallón de Infantería 32.
- Delitos que se investigan: homicidio agravado, tortura agravada, desaparición forzada agravada.
- Estado del proceso: Los militares han sido apartados de sus funciones y puestos a disposición de la Justicia Penal Militar y Policía.
- Impacto institucional: El Ejército Nacional emitió comunicados rechazando los hechos, y el gobierno enfatiza la responsabilidad institucional.
Por qué es relevante:
Este incidente no solo revela un presunto crimen contra un civil indefenso, sino que plantea interrogantes sobre las cadenas de mando, el control del uso de la fuerza, la protección de personas vulnerables frente a fuerzas estatales, la transparencia en los procesos internos de las Fuerzas Armadas, y los procesos de rendición de cuentas en Colombia. Asimismo, puede tener repercusiones en la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad, y en la supervisión internacional de los derechos humanos en el país.
Próximos pasos esperados:
- Continuación de las investigaciones por parte de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar, con imputaciones formales, audiencias de garantías y posible juicio militar/ordinario.
- Determinación de responsabilidades administrativas dentro del Ejército Nacional, incluyendo mandos intermedios que podrían haber incurrido en omisiones o encubrimiento.
- Evaluación de cumplimiento de protocolos de detención, uso de la fuerza y trato de civiles por parte de las fuerzas armadas.
- Reparación o acompañamiento a la familia de la víctima, en caso de confirmarse los hechos, y seguimiento del proceso público para evitar impunidad.
En conclusión, este caso representa una alerta sobre la fragilidad del control interno en zonas militares remotas, y pone en el centro la protección de los derechos humanos aun en contextos de seguridad. Es fundamental que el proceso sea transparente y que las sanciones sean ejemplares para restaurar la confianza institucional y garantizar que no se repitan hechos similares.
