La reciente propuesta de crear frentes de seguridad, tanto en ciudades como en zonas rurales, ha suscitado preocupación al evocar el recuerdo del paramilitarismo que surgió con las Convivir durante el Gobierno de César Gaviria. La iniciativa, respaldada por ganaderos, plantea la formación de milicias para apoyar al Ejército y la Policía en la lucha contra delitos, especialmente en el sector agrícola, donde se han registrado secuestros y asesinatos.
Los ganaderos, representados por Fedegán, argumentan que la creciente problemática de secuestros, extorsiones y abigeato en los últimos dos años ha tenido costos cercanos al billón de pesos. Alegan la falta de presencia de la Fuerza Pública en algunas áreas del país y abogan por fortalecer las instituciones militares y policiales.
La propuesta, respaldada por el presidente de Fenalco, plantea que los dueños de establecimientos comerciales necesitan la capacidad de defenderse, considerando las armas como una opción viable. Sin embargo, la sugerencia de armar a la población civil es riesgosa y podría desencadenar consecuencias no deseadas.
Es esencial reconocer que Colombia enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, pero la solución no debe implicar la creación de milicias nacionales. En lugar de ello, el enfoque adecuado sería fortalecer y mejorar las Fuerzas Militares y de Policía. La figura de las milicias nacionales, aunque contemplada en la Constitución de 1886, nunca ha sido implementada y su resurgimiento plantea interrogantes sobre su viabilidad y eficacia en el contexto actual.
Es crucial aprender de la historia y evitar repetir errores del pasado. Las Convivir, originalmente concebidas para la defensa contra la delincuencia común y la guerrilla, evolucionaron hacia grupos paramilitares, generando consecuencias devastadoras. La prohibición de grupos de autodefensa en 1987 y la posterior formación de Convivir en 1994 demuestran los riesgos asociados con estas iniciativas.
El monopolio de la fuerza debe mantenerse como atributo exclusivo del Estado, de acuerdo con la Constitución, para garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de actores armados independientes. En lugar de recurrir a soluciones que evocan sombras del pasado, es imperativo fortalecer las instituciones del Estado, promover el respeto al Estado de Derecho y buscar estrategias efectivas de seguridad que no comprometan la estabilidad democrática del país.
