En varias ciudades del Perú, miles de ciudadanos salieron a marchar contra un proyecto de ley impulsado por el Congreso que abriría la puerta a la privatización de servicios de agua potable. Las manifestaciones, lideradas por sindicatos, comunidades indígenas y ambientalistas, acusan al gobierno de favorecer a grandes empresas y poner en riesgo el derecho al agua.
El proyecto ha sido criticado incluso por entidades internacionales como Human Rights Watch, que advierten sobre sus impactos en zonas rurales. El presidente del Congreso afirmó que la ley solo busca «mejorar la eficiencia del servicio», pero los manifestantes exigen su retiro inmediato. El clima político se tensiona en medio de una creciente desconfianza hacia las instituciones.
