El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela planeaba emitir una orden de captura contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina Milei, quien funge como secretaria general de la Presidencia, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Las acusaciones incluyen robo agravado, legitimación de capitales, simulación de delitos, privación ilegítima de libertad, interferencia en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación ilícita. Estas acusaciones están relacionadas con lo que el gobierno venezolano describe como el “robo” del avión de Emtrasur, retenido en Buenos Aires en 2022 y posteriormente entregado a Estados Unidos.
Más tarde, esa misma noche, la Justicia Federal de Argentina emitió una orden de arresto contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del chavismo, acusados de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La denuncia fue presentada en enero de 2023 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basado en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar crímenes graves contra los derechos humanos sin importar dónde fueron cometidos o la nacionalidad de las víctimas o perpetradores.
Aunque es improbable que Milei sea detenido y extraditado a Caracas, la situación de Maduro también enfrenta dificultades similares. Sin embargo, esto marca una nueva fase de presión e aislamiento, especialmente para la Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal Karim Khan, quienes ahora enfrentan más presión para emitir una orden de captura contra Maduro. Desde este momento, Maduro ha sido declarado un fugitivo de la justicia.
Según Elisa Trotta, secretaria general del FADD, «Maduro se ha convertido en un prófugo de la justicia, y el mundo es cada vez más pequeño para aquellos que han cometido crímenes atroces». Trotta añadió que la decisión de la Justicia argentina envía un claro mensaje al fiscal de la CPI para que avance con órdenes de captura internacional, poniendo fin a la impunidad en Venezuela.
