En medio de tensiones diplomáticas, el Gobierno de Ecuador afirmó que la reciente deportación de mil presos colombianos se realizó cumpliendo con los procedimientos legales y el respeto al debido proceso, pese a las críticas del Gobierno colombiano, que calificó la acción como “unilateral” e “inamistosa”.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa defendió la medida alegando que el país no puede seguir albergando a presos extranjeros, especialmente cuando representan una carga prioritaria sobre ciudadanos ecuatorianos. “Un preso extranjero tiene prioridad en salud sobre un joven ecuatoriano. No podemos mantener mil presos colombianos”, expresó el mandatario en declaraciones a la emisora Radio Sucre.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la repatriación forma parte de una estrategia de “tolerancia cero con el crimen organizado” y confirmó que los deportados no podrán regresar a Ecuador en los próximos 40 años. Según el funcionario, los presos cumplían condenas por delitos como robo, tráfico de drogas y receptación, aunque algunos de ellos aún no completaban la totalidad de sus penas.
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld se reunió recientemente en Quito con representantes de la Embajada y el Consulado de Colombia para abordar la polémica. Aunque desde Colombia se elevó una protesta formal, Ecuador insistió en que no se trató de una deportación colectiva, sino de procesos individuales con resoluciones motivadas, boletas de excarcelación y comunicación previa con el consulado colombiano desde el pasado 8 de julio.
A través de la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro expresó su inconformidad: “Ecuador nos responde con desdén”, mientras que la Cancillería colombiana alegó que la deportación se ejecutó sin coordinación previa, impidiendo la verificación de identidad y la situación legal de los deportados.
Ecuador ha sido epicentro de una creciente ola de violencia criminal, con cárceles convertidas en zonas de control de bandas. Noboa, que declaró al país en “conflicto armado interno”, ha reforzado una política de seguridad que incluye la repatriación de presos extranjeros, quienes conformaban cerca del 10% de la población penitenciaria del país.
La disputa diplomática continúa, mientras las autoridades de ambos países aseguran mantener un canal abierto para el diálogo, aunque las tensiones por esta medida reflejan la creciente presión regional por temas de seguridad, migración y cooperación judicial.
