En una audiencia sin precedentes en la historia reciente del país, el presidente Gustavo Petro declaró este viernes ante un juez del circuito penal de Bogotá, en calidad de víctima, en el juicio contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque, el hombre acusado de amenazarlo de muerte en 2021 a través de la red social X (antes Twitter). Petro, quien entonces era senador y precandidato presidencial, relató que recibió los mensajes intimidatorios mientras se encontraba en Florencia, Italia, y que las amenazas hacían alusión a su posible asesinato si llegaba al poder.
El mandatario recordó que las intimidaciones no solo lo afectaron personalmente, sino que también pusieron en peligro a su familia, obligando a varios de sus miembros a exiliarse fuera de Colombia.
“No tengo un hogar en este momento porque estoy bajo amenaza de muerte, aún declarando ante usted, señor juez, me pueden matar”, declaró Petro en su intervención.
Las pruebas presentadas en la audiencia incluyeron capturas de pantalla de los mensajes enviados por Fetecua Rusinque, en los que se advertía que, de llegar Petro a la Presidencia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) “volverían a las armas” y su cuerpo sería “entregado en bolsas negras”.
Petro enfatizó que, pese a que los mensajes datan de hace más de cuatro años, el riesgo persiste, especialmente ahora que ocupa la jefatura del Estado colombiano.
El presidente vinculó estas amenazas a una persecución política que, según él, ha enfrentado desde el inicio de su carrera pública. Recordó que su denuncia sobre supuestas relaciones entre congresistas y grupos armados ilegales fue uno de los detonantes de las intimidaciones recibidas. Además, insistió en que este tipo de delitos no solo ponen en riesgo la vida de los líderes políticos, sino que atentan contra el valor supremo de la vida de todos los ciudadanos colombianos.
Durante la diligencia judicial, Petro solicitó una sanción ejemplar para el acusado, argumentando que permitir la impunidad en casos como este podría incentivar nuevas amenazas y atentados contra figuras públicas y sus familias.
El juicio, que ha sufrido varios aplazamientos debido a la apretada agenda presidencial, se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia, donde las amenazas y atentados han sido una constante histórica.