Wilder Fernández, un joven pescador del lago de Maracaibo, vive la pesca como supervivencia familiar pero también con miedo: después de 13 años faenando teme que su embarcación sea alcanzada por operaciones militares en el Caribe, una amenaza que ya ha cambiado la rutina y la tranquilidad de quienes salen a trabajar en esas aguas. Su esposa le insta a dejar el oficio, pero la falta de alternativas económicas lo obliga a continuar pese al temor constante.
La preocupación surge en el contexto de un despliegue militar de Estados Unidos en la región, que desde el 2 de septiembre ha atacado varias embarcaciones en el Caribe, ocasionando decenas de muertes bajo la acusación —sin pruebas públicas según el reportaje— de narcotráfico; el presidente Donald Trump además ha sugerido la posibilidad de incursiones terrestres y autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Estas operaciones y declaraciones han escalado la alarma entre comunidades costeras.
El impacto en la pesca local es inmediato: muchos pescadores se muestran reacios a salir a mar abierto por miedo a quedar atrapados en un “fuego cruzado” o a ser usados por organizaciones delictivas como transportistas. Voceros y representantes locales advierten que la inseguridad y los ataques agravan problemas estructurales previos —piratería, derrames petroleros, caída de ingresos— y amenazan la estabilidad económica y familiar de miles de trabajadores del sector.
El gobierno venezolano, por su parte, niega las acusaciones y denuncia la amenaza estadounidense, movilizando ejercicios militares, llamando al alistamiento civil y anunciando medidas extraordinarias —incluido un borrador de Estado de “conmoción exterior”— que amplían poderes para responder a lo que califica como agresión extranjera. La retórica oficial apela a la defensa nacional y a la solidaridad ante lo que consideran una maniobra para desestabilizar al país.
Frente a ese escenario, la reacción entre los pescadores es ambivalente: hay quienes, como José Luzardo, rechazan el miedo y se muestran dispuestos a “defender al país”, mientras otros prefieren evitar el riesgo y abandonan jornadas o consideran otras fuentes de ingreso. En conjunto, el conflicto externo ha polarizado aún más a la comunidad pesquera, exacerbando ansiedades económicas y de seguridad en una región ya golpeada por múltiples crisis.
