La crisis diplomática entre Perú y México alcanzó un nuevo punto crítico este lunes, luego de que el gobierno peruano anunciara oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con México. La decisión se produjo después de que el país norteamericano concediera asilo político a Betssy Chávez, quien fue jefa de gabinete del expresidente Pedro Castillo y está actualmente procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
El anuncio fue hecho por el canciller peruano Hugo de Zela, quien calificó la acción mexicana como un “acto inamistoso” que vulnera el principio de no intervención en los asuntos internos de otro país. En una conferencia de prensa, De Zela expresó su “sorpresa y profundo pesar” por la noticia de que Betssy Chávez había sido recibida en la residencia de la embajada de México en Lima, en calidad de asilada. El funcionario explicó que esta decisión no solo interfiere en un proceso judicial vigente en el Perú, sino que además se suma a una serie de episodios previos en los que las autoridades mexicanas —incluidos el actual y el anterior presidente— habrían intervenido de manera reiterada en la política interna peruana.
Ante este contexto, el gobierno de Dina Boluarte resolvió romper las relaciones diplomáticas con México, ordenando el retiro inmediato del personal diplomático peruano y suspendiendo cualquier forma de representación bilateral. Esta medida marca uno de los momentos más tensos en la relación entre ambos países en los últimos años.
Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió rechazando categóricamente la decisión del Perú. En un comunicado oficial, la Cancillería mexicana calificó la medida como “excesiva y desproporcionada”, argumentando que el otorgamiento de asilo a Betssy Chávez es un acto legítimo y plenamente amparado por el derecho internacional, en especial por los tratados y convenciones que regulan el asilo diplomático en América Latina. México también subrayó que su actuación no constituye de ningún modo una injerencia en los asuntos internos del Perú, sino que responde a una tradición histórica de protección humanitaria ante casos de persecución política.
La situación reaviva las tensiones que desde finales de 2022 han deteriorado las relaciones entre ambos países, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su apoyo público al destituido Pedro Castillo, quien fue encarcelado tras intentar disolver el Congreso. Desde entonces, la relación bilateral ha estado marcada por acusaciones cruzadas de injerencia política y falta de respeto a la soberanía.
En este contexto, la decisión peruana supone un aislamiento diplomático mayor respecto a México, que ha sido un crítico constante del gobierno de Dina Boluarte y un defensor de varios exfuncionarios del entorno de Castillo. A su vez, el episodio podría tener implicaciones regionales, especialmente dentro de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ambos países comparten espacios de cooperación.
De esta forma, el caso de Betssy Chávez no solo representa un conflicto legal sobre su rol en el fallido golpe de 2022, sino que se ha convertido en un símbolo del choque político y diplomático entre dos gobiernos con visiones opuestas sobre la soberanía, los derechos políticos y el alcance del asilo diplomático en América Latina.
