El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia confirmó que, desde el inicio de las operaciones militares del 24 de agosto de 2025, han sido identificados 15 menores de edad entre los cuerpos recibidos tras cuatro operativos en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare.
El director del ente forense, Ariel Emilio Cortés, informó que gracias a análisis técnico-científicos se pudo determinar que 15 de los cuerpos corresponden efectivamente a personas menores de edad, lo que representa un saldo más alto al reportado inicialmente por otras fuentes.
Detalle de los operativos y víctimas
La entidad desglosó las cifras por cada uno de los cuatro operativos:
- Operación en Guaviare (24 de agosto)
- En la vereda Nueva York, municipio de El Retorno (Guaviare), se dio la primera acción militar.
- El 26 de agosto Medicina Legal recibió ocho cuerpos: siete plenamente identificados y uno sin identificar.
- De esos ocho, tres eran menores (dos hombres y una mujer).
- Operativo en Amazonas (1 de octubre)
- En Puerto Santander (Amazonas) se realizó otro operativo.
- El 7 de octubre ingresaron cuatro cuerpos al instituto: tres hombres y una mujer, todos menores de edad, según la identificación forense.
- Bombardeo en Guaviare (10 de noviembre)
- En la vereda Itilla, municipio de Calamar (Guaviare), ocurrió un bombardeo que provocó la muerte de decenas de personas.
- El 12 de noviembre, Medicina Legal recibió 20 cuerpos: 16 plenamente identificados, 4 sin identificar; entre ellos, 7 menores (cuatro mujeres y tres hombres).
- En este operativo también se ha informado en otras fuentes que la Defensoría del Pueblo había confirmado siete víctimas menores.
- Operación en Arauca (13 de noviembre)
- En la vereda La Esmeralda, municipio de Puerto Rondón (Arauca) se desarrolló otro operativo militar.
- El 16 de noviembre, el instituto forense recibió ocho cuerpos (siete identificados, uno sin identificar), entre los cuales una víctima era menor de edad.
Independencia técnica y respuesta institucional
Medicina Legal subrayó que su labor se ha realizado con “independencia técnica” y compromiso con la transparencia. Según Cortés, se han seguido estándares científicos y legales rigurosos para emitir los resultados.
Este anuncio también visibiliza una discrepancia con la cifra inicial planteada por el presidente Gustavo Petro, quien previamente había dicho que eran 12 los menores muertos en estos operativos.
Petro había indicado que esos decesos se dieron en acciones militares en Caquetá, Guaviare y Arauca, y señaló que los adolescentes eran víctimas de reclutamiento forzado por parte de disidencias guerrilleras (en particular, se ha mencionado a la estructura de alias Iván Mordisco).
Reacciones y debate
- Derecho internacional humanitario (DIH): La muerte de menores en contextos de combate es especialmente sensible desde la perspectiva del DIH, que exige distinción entre combatientes y civiles, así como proporcionalidad.
- Organismos de derechos humanos: Algunas voces han pedido una revisión de las tácticas utilizadas en los bombardeos, especialmente cuando hay informes de menores reclutados.
- Crítica política: El tema también ha generado tensión política, con dudas sobre la planificación de las operaciones y la protección que debe garantizarse a la infancia, incluso en contextos de conflicto armado.
Implicaciones más amplias
- Estas muertes refuerzan la preocupación sobre el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales, una práctica denunciada por organizaciones de derechos humanos desde hace años.
- Se abre un debate sobre la rendición de cuentas del Estado: hasta qué punto las operaciones militares consideran el riesgo para población civil, y cómo las entidades como Medicina Legal pueden contribuir a examinar estos casos de manera independiente.
- Además, la cifra confirmada plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para los menores, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Amazonas, Guaviare, Arauca).
