Una joven madre de una niña de dos años realizó una queja pública en redes sociales y ante el ICBF, ya que el día jueves 17 de agosto, cuando fue a recoger a la pequeña al hogar infantil huellitas ubicado en el barrio Cuarto Centenario, la profesora a cargo le entregó a la niña con una laceración profunda sin ninguna explicación.
Testimonio
“Mi hija pertenecía al salón N-14 a cargo de la profesora Daniela. Me entregan a la niña de una manera horrible con la frente abierta, la llevé urgente al hospital más cercano en donde le cogieron 6 puntos. Nunca me lo espere sabiendo que uno de madre cree que dejamos a nuestros hijos ‘seguros’ para que nos salgan con este cuento; mi hija ya está mejorando”, afirmó la afectada madre.
Tania afirma también que al interrogar a la maestra por la condición de la infanta esta le contesta que son cosas que pasan entre niños, pero no aclaró nada más. A esto se suma que al hablar con la directora del establecimiento y preguntarle por las posibles consecuencias que pueda tener la menor después del lamentable incidente, ya que están a la espera de una radiografía para descartar que haya algún daño interno en su cabeza, contestó que eso ya no era responsabilidad de ellos, a sabiendas de que el episodio ocurrió dentro de la institución.
Quejas
Asimismo, otra mujer quien tuvo a su hija de 3 años en el mismo centro infantil, también presentó una inconformidad, ya que afirma que por falta de aseo en su pequeña adquirió una grave infección urinaria que solo pudo ser resuelta con una penosa hospitalización de más de una semana en la ciudad de Bogotá a donde tuvo que ser remitida debido a las complicaciones que presentó y en donde al parecer estuvo comprometido un riñón.
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Para garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes en Colombia ante cualquier acto de vulneración, el ICBF deberá remitir la información suministrada a una autoridad administrativa competente, defensoría o comisaría de familia. La defensoría de familia en compañía de su equipo técnico interdisciplinario conformado por un psicólogo, trabajador social y nutricionista verifican los derechos del menor, abre un proceso administrativo de restablecimiento de estos, adoptando la medida de atención especializada.
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