Andrea Parra, tía de Carlos Andrés López Parra, ha denunciado la grave situación que enfrenta su sobrino de 17 años, residente del barrio La Reliquia en Villavicencio. Según su relato, el joven, bajo los efectos de sustancias psicoactivas, ha generado una situación insostenible en su hogar al agredir física y verbalmente a su madre y exponer a un peligro constante a sus hermanas menores, de tan solo 3 y 1 años de edad.
Andrea Parra describió con angustia el más reciente episodio ocurrido en el hogar, cuando Carlos Andrés, al no recibir dinero de su madre para comprar drogas, perdió el control, amenazando a su familia y autoinfligiéndose heridas delante de las niñas. “Hoy llegó y, delante de sus hermanitas, se apuñaló porque no le dieron plata para drogarse. ¿Dónde está la ley? ¿Qué tiene que pasar para que las autoridades actúen?”, expresó en un llamado desesperado a las autoridades locales.
Problema sin solución
La denunciante señala que, pese a los reiterados llamados de auxilio a la Policía y las autoridades competentes, la respuesta ha sido inexistente. “La Policía ni nadie hace nada. ¿Por qué no lo llevan a una clínica o a una cárcel antes de que termine por atentar contra su propia madre o las niñas?”, reclamó Parra. Según su testimonio, la falta de acción de las instituciones se justifica en la edad del joven, quien es menor de edad, lo que parece representar un obstáculo para que se tomen medidas judiciales o de tratamiento obligatorio.
Además, Parra destacó que Carlos Andrés López frecuenta la zona conocida como Trece de Mayo, donde, según ella, pasa gran parte de su tiempo consumiendo sustancias en compañía de otros jóvenes.
El llamado
La situación pone en evidencia el desafío que enfrentan las familias en contextos de consumo problemático de drogas, violencia intrafamiliar y la falta de recursos adecuados para manejar casos de salud mental en menores de edad. Andrea Parra urgió al gobierno, a la Policía Nacional y a los fiscales locales a actuar antes de que la situación termine en tragedia.
El llamado incluye una solicitud de ingreso obligatorio del joven a una clínica de rehabilitación o a un programa especializado que pueda abordar tanto su dependencia a las drogas como sus episodios de violencia. Asimismo, la denunciante pidió que se evalúen las condiciones de seguridad en las que viven las niñas pequeñas, quienes podrían ser las principales víctimas de una tragedia si no se toman medidas oportunas.
