La ley, propuesta por la senadora Nadia Blel y sancionada en 2018, prohíbe a aquellos con antecedentes de abuso trabajar en roles relacionados con el cuidado, recreación, protección o educación de menores. Esta medida se suma a la reglamentación del registro de abusadores sexuales, ahora ley de la República.
La senadora Blel enfatizó: “Queremos darles a los padres la tranquilidad de que sus niños estarán en entornos seguros, cuidados y protegidos por personas idóneas.» La ley establece inhabilidades de seis meses a veinte años para diversas profesiones, pero aumenta a diez a treinta años para roles con una relación directa y habitual con menores, iniciando al cumplir la pena.
La normativa abarca ámbitos educativos, recreativos, de cuidado, protección, asistencia, salud, nutrición, bienestar, cultural, artístico, deportivo, religioso y de seguridad. “Aquí se trata de proteger a nuestros niños y niñas, y que sus derechos prevalezcan por encima de cualquier otro”, subrayó la senadora.
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Ante la alarmante estadística de la Fiscalía General de la Nación, que reporta más de 10 mil condenas en los últimos 5 años por delitos sexuales contra menores, esta ley busca prevenir nuevas víctimas. En 2021, más de 18 mil menores fueron valorados por abuso sexual, siendo el grupo de 10 a 14 años el más afectado, con 9,289 casos (41.09%), seguido por el rango de 5 a 9 años con 4,174 casos (18.46%).
